NUEVA YORK.- Un fiscal de Nueva York reabrió una investigación sobre una denuncia de violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Cornell y anunció que su oficina presentará pruebas ante un gran jurado, luego de que el caso volviera a quedar bajo el escrutinio público.
El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, informó el lunes que comenzó a revisar la decisión de no presentar cargos penales contra siete miembros de una fraternidad, luego de que una exalumna de Cornell presentara una demanda en la que los acusa de haberla agredido sexualmente en 2024.
La mujer, identificada bajo el seudónimo Jane Doe en la demanda, afirma que fue agredida sexualmente en la casa de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024, después de haber sido presionada para inhalar ketamina, fumar marihuana y consumir alcohol. Según su denuncia, quedó completamente incapacitada mientras se producían las agresiones.
La mujer, que en ese momento tenía 20 años y pertenecía a una hermandad estudiantil, acudió a la policía del campus unas tres semanas después, según la demanda. Ese mismo día, los siete estudiantes y la fraternidad fueron suspendidos temporalmente, de acuerdo con la presentación judicial.
Van Houten señaló que, en su declaración jurada inicial ante las autoridades, la mujer no había denunciado haber sido víctima de una violación grupal ni haber sido drogada. También dijo que su abogado no se había puesto en contacto con él para hablar sobre esa declaración ni para solicitar que reconsiderara la decisión de no presentar cargos. Sin embargo, el fiscal afirmó que recientemente se comunicó con el abogado después de que la demanda volviera a poner el caso en el centro de la atención pública.
“Buscar justicia a veces requiere que reconsideremos o reabramos casos cuando se nos presenta evidencia adicional”, dijo Van Houten en un comunicado. Explicó que la comunidad le había pedido que reconsiderara si correspondía presentar cargos penales contra los siete integrantes de la fraternidad y que ya había iniciado ese proceso con una conversación con la mujer y sus abogados.
La mujer demandó a los siete hombres, a Chi Phi, a la Universidad de Cornell, a un bar de Ithaca y a otras partes, y reclama una indemnización cuyo monto no fue especificado. En su demanda acusa a Cornell de no haber impedido las presuntas agresiones y de haber gestionado de manera inadecuada los casos de violencia sexual dentro del campus. La presentación también incluye una fotografía que, según la demanda, muestra un chat grupal entre integrantes de la fraternidad en el que se hablaba sobre lo ocurrido esa noche.
Cornell dijo que respalda la decisión del fiscal de reabrir la investigación y defendió su actuación en el caso. La universidad señaló que llevó adelante una investigación disciplinaria en 2024, durante la cual un panel integrado por profesores y miembros del personal capacitados escuchó pruebas durante varios días. Tanto la mujer como los estudiantes acusados tuvieron la oportunidad de declarar y presentar pruebas, indicó la universidad.
Cornell señaló que varios estudiantes fueron expulsados o suspendidos, mientras que el capítulo de Chi Phi en el campus fue clausurado en 2024 y continúa apartado de la universidad. La institución evitó precisar cuántos alumnos recibieron sanciones y argumentó que la legislación federal sobre privacidad le impide divulgar información específica sobre estudiantes.
“Cualquier sugerencia de que la universidad no impuso sanciones significativas a los involucrados es falsa”, afirmó Cornell. La institución agregó que sostener que las consecuencias fueron mínimas podría hacer que las sobrevivientes se sientan menos seguras y respaldadas y contribuir al subregistro de las agresiones sexuales.
La demanda sostiene que los siete estudiantes tuvieron “la oportunidad de mitigar su conducta mediante la presentación de ensayos a Cornell”. La universidad rechazó esa caracterización y afirmó que ninguno de los involucrados tuvo la posibilidad de resolver el caso únicamente mediante la presentación de ensayos, al tiempo que señaló que posteriormente hubo suspensiones y expulsiones.
El caso ha generado una amplia discusión en las redes sociales. Muchas personas criticaron a Cornell y a la fiscalía del condado, mientras que otras cuestionaron las acusaciones formuladas en la demanda. También han circulado en internet fotografías de los siete integrantes de la fraternidad.
Van Houten dijo que su oficina recibió una gran cantidad de llamadas, mensajes de voz y correos electrónicos desde la presentación de la demanda, incluidos mensajes de personas que exigían explicaciones y otros que contenían insultos y amenazas.
“La indignación de la comunidad, derivada de la información incompleta y de la cobertura en las redes sociales, exige que se dé una respuesta sobre por qué la investigación terminó sin cargos penales”, afirmó.
La controversia también reavivó el debate sobre la violencia sexual en Cornell. Un grupo de trabajo de la universidad creado en 2025 presentó recomendaciones a comienzos de este año; algunas ya fueron implementadas y otras continúan en desarrollo. El informe del grupo señaló que una encuesta realizada por la universidad en 2025 mostró que el 35% de las mujeres y el 8% de los hombres de grado dijeron haber sufrido una agresión sexual durante su paso por Cornell.
El fin de semana, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó lo que describió como una “cultura de la violación” protegida por instituciones de élite durante un foro celebrado cerca del campus de Cornell. Sus declaraciones se sumaron al creciente reclamo público por respuestas sobre el manejo del caso, mientras la decisión del fiscal de reabrir la investigación vuelve a poner bajo escrutinio las actuaciones de la universidad y de las autoridades.
Agencia AP
