El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) pondrán a consideración de sus respectivos directorios, cada uno por separado, un paquete de garantías por hasta US$3000 millones destinado a respaldar una operación con la que la Argentina buscará refinanciar parte de sus vencimientos de deuda en dólares. En el Ministerio de Economía, explicaron a este medio, consideran que el pago de bonistas de julio por unos US$4400 millones estará cubierto con la colocación de títulos en el mercado local (bonares), por lo que no depende de esta operación garantizada.
Según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, el directorio del BM se reunirá el 16 de junio para analizar una garantía superior a los US$2000 millones, mientras que el BID hará lo propio el 17 de junio para aprobar otro respaldo cercano a los US$550 millones. A ese esquema se sumó ahora la CAF, cuyo directorio tratará el tema el próximo 22 de julio y negocia una garantía adicional de entre US$250 millones y US$500 millones.
Las aprobaciones forman parte de una estructura financiera que el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia desde hace meses con organismos multilaterales y un grupo de bancos internacionales para obtener financiamiento por alrededor de US$4000 millones, con vencimiento en 2032 y tres años de gracia para el pago de capital e intereses.
Las condiciones finales todavía se encuentran bajo negociación, aunque las fuentes consultadas señalaron que la garantía de la CAF tendría plazos y costos similares a los que ofrecerían el Banco Mundial y el BID.
La incorporación de la CAF también abrió una discusión sobre el uso futuro de su capacidad crediticia con la Argentina. Según pudo saber LA NACION, el organismo ya desembolsó a principios de este año US$400 millones de libre disponibilidad que originalmente habían sido aprobados para fortalecer el sector energético y que finalmente reforzaron las necesidades generales de financiamiento del Tesoro. En ese contexto, parte de las conversaciones actuales gira en torno al monto de garantía que la entidad está dispuesta a comprometer para esta nueva operación, ya que cada respaldo reduce el margen disponible para futuras asistencias financieras.
La operación fue anticipada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe técnico que acompañó la aprobación de la segunda revisión del programa con la Argentina. Allí, el organismo sostuvo que el Gobierno se encuentra en la etapa final de un acuerdo con bancos internacionales respaldado por garantías multilaterales por entre el 40% y el 95% del monto total.
De acuerdo con las fuentes consultadas, entre las entidades que participan de las conversaciones aparecen JPMorgan, Citi, Bank of America y Santander, aunque también podrían incorporarse otros bancos europeos y compañías aseguradoras internacionales. El objetivo es conformar un sindicato financiero que permita extender los plazos de la deuda argentina a un costo significativamente inferior al que enfrentaría el país en una colocación tradicional en los mercados internacionales.
La operación no implica que los organismos multilaterales desembolsen directamente los US$4000 millones. Su función será actuar como garantes frente a los bancos internacionales que aportarán los fondos. En caso de un incumplimiento de la Argentina, los acreedores podrían ejecutar esas garantías sobre una parte del préstamo.
Ese respaldo permite reducir significativamente el riesgo percibido por los inversores y, en consecuencia, abaratar el costo financiero. Mientras una emisión soberana tradicional exigiría hoy tasas cercanas o superiores al 9% anual, las líneas respaldadas por organismos multilaterales podrían conseguir costos considerablemente menores, cercanos al 6%, según estiman fuentes que siguen de cerca las conversaciones.
La iniciativa forma parte de la estrategia financiera que el Gobierno presentó ante el FMI para cubrir los compromisos de deuda hasta las elecciones presidenciales de 2027. Además de este préstamo garantizado, el programa contempla emisiones de bonos en dólares en el mercado local, refinanciaciones con bancos internacionales, operaciones repo y eventuales ingresos provenientes de privatizaciones y ventas de activos.
Según el esquema que el propio Gobierno explicó al organismo, las colocaciones de Bonares con vencimientos en 2027 y 2028 aportarían alrededor de US$4000 millones. A ello se sumarían otros US$4000 millones provenientes de préstamos garantizados por organismos multilaterales y cerca de US$2500 millones vinculados a privatizaciones y otras operaciones financieras.
En el Palacio de Hacienda sostienen que esa combinación de herramientas permitiría cubrir los vencimientos de capital previstos hasta el final del mandato de Javier Milei. El foco está puesto especialmente en los pagos de julio de este año y de enero y julio de 2027, considerados los compromisos más relevantes con acreedores privados antes de la próxima elección presidencial.
El propio FMI destacó recientemente que estas operaciones “extienden la duración de la deuda externa y reducen los costos de endeudamiento”, aunque advirtió que también incrementan el peso relativo de acreedores con prioridad de cobro en escenarios adversos. En otras palabras, una mayor participación de organismos multilaterales y préstamos garantizados modifica la estructura de riesgos para el resto de los bonistas, un aspecto que suele ser observado de cerca por el mercado.
La necesidad de construir nuevas fuentes de financiamiento antes de 2027 aparece también en los análisis de Wall Street. En un informe reciente, JP Morgan sostuvo que el principal desafío para la Argentina será desarrollar “antifragilidad”, es decir, llegar al próximo turno presidencial con más reservas, vencimientos cubiertos y acceso a distintas fuentes de financiamiento que permitan atravesar el ciclo electoral sin tensiones cambiarias severas.
“El desafío central es asegurar fuentes de financiamiento antes de la elección presidencial”, señaló la entidad estadounidense. Según sus estimaciones, aun con un rollover total de la deuda en pesos, la Argentina enfrentaría una brecha de financiamiento cercana a los US$10.000 millones en 2027. Esa cifra podría reducirse significativamente si el Banco Central logra refinanciar los vencimientos de las operaciones repo que mantiene con bancos internacionales.
En Economía consideran que la combinación de equilibrio fiscal, acumulación de reservas y mayor generación de divisas provenientes del sector energético permitirá reducir progresivamente el riesgo país y facilitar una reapertura más amplia de los mercados internacionales. Mientras tanto, la estrategia consiste en utilizar el respaldo de los organismos multilaterales para construir un puente financiero que permita atravesar los próximos años con menores costos de financiamiento y sin enfrentar presiones significativas sobre el mercado cambiario.
