Este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly
El balotaje presidencial de Perú parecía encaminado a un resultado extremadamente ajustado que podría tardar días o incluso semanas en definirse. Con más del 92% de los votos escrutados el lunes por la mañana, la autoridad electoral del país, la ONPE, mostraba a la dirigente conservadora Keiko Fujimori al frente con 8,731 millones de votos (50,1%), mientras que el izquierdista Roberto Sánchez sumaba 8,674 millones de votos (49,8%).
Un conteo preliminar de la consultora Ipsos difundido el domingo por la noche mostraba un empate técnico, con Sánchez apenas por delante de Fujimori. Los conteos preliminares de Ipsos han identificado correctamente al ganador de cada segunda vuelta desde 2001, aunque su director señaló que, dada la estrechez de la diferencia, sería necesario completar el escrutinio para determinar al vencedor.
Tras reportar un pequeño número de irregularidades, los observadores electorales del gobierno anunciaron que, una vez cerradas las urnas, no habían encontrado evidencia de fraude. La ONPE indicó que el conteo completo finalizaría a mediados de julio.
A continuación, la mirada de analistas políticos sobre el proceso electoral.
Jorge Morel
Director General del Instituto de Estudios Peruanos
La votación de la segunda vuelta presidencial en Perú ha concluido con un escenario que resulta familiar para los peruanos desde 2016: dos candidatos separados por apenas fracciones de punto porcentual en el conteo de votos.
Una vez más, como ocurrió en las dos elecciones presidenciales anteriores, los peruanos enfrentarán pedidos de recuento de votos, denuncias de irregularidades (y fraude) y, sobre todo, la ausencia de un pacto político que respalde el principio democrático básico de la regla de la mayoría: gana quien obtiene un voto más que su rival.
Esto alimentará, sin duda, un nuevo ciclo político marcado por la desconfianza, el obstruccionismo parlamentario y, peor aún, los intentos de destituir al presidente.
Con más del 92% de los votos contabilizados, el fujimorismo —el movimiento populista de derecha peruano— está logrando su mejor desempeño electoral desde 2016. Frente a la posibilidad de verse desplazado por nuevas fuerzas de derecha, como les ocurrió a otros espacios conservadores de la región —desde el movimiento de Bolsonaro en Brasil hasta el ascenso político de Abelardo De La Espriella en Colombia—, el fujimorismo ha conseguido mantenerse como la principal fuerza política del país en 2026, tanto en la elección presidencial como en representación parlamentaria en ambas cámaras del Congreso.
Mientras tanto, la coalición que respalda a Roberto Sánchez —integrada por varios partidos de izquierda y centroizquierda— ha logrado hasta ahora cierto grado de estabilidad inicial de cara a un eventual gobierno. Parece capaz de reunir una mayoría suficiente para evitar una destitución presidencial y de formar una amplia coalición de gobierno que vaya más allá de los sectores vinculados al proyecto político del expresidente Pedro Castillo.
Sin embargo, una nueva partida poselectoral comenzará una vez que los resultados oficiales sean certificados. En esa etapa, los eslóganes de campaña importarán menos que las negociaciones entre los grupos políticos del nuevo Congreso bicameral, que podrían producir los resultados menos esperados: desde coaliciones entre antiguos adversarios hasta senadores que asuman la presidencia de la república.
Todo está por verse, excepto la perspectiva de otros cinco años de inestabilidad política, que parece casi segura.
Cynthia Sanborn
Profesora de Ciencia Política y directora del Centro de China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico; integrante del grupo de trabajo del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston
Cualquiera sea el resultado, el ganador tendrá que trabajar con un Congreso más desafiante, aunque posiblemente más maduro, compuesto por dos cámaras en lugar de una. Esto implica un posible freno al poder del Ejecutivo.
La marcada disyuntiva entre Fujimori y Sánchez no refleja las preferencias reales de este electorado. Es importante subrayar que el 70% de los peruanos votó por otros candidatos en la primera vuelta, lo que significa que la mayoría de los votantes no quería a ninguno de estos dos postulantes como jefe de Estado y sentía un temor genuino frente a ambas opciones.
En materia de política exterior, ninguno de los dos candidatos estaría completamente alineado ni con la llamada “Doctrina Donroe” de la administración Trump ni con la alternativa impulsada por China. Quizás por eso Trump no respaldó a ningún candidato en esta elección, a pesar de las credenciales de derecha de Fujimori, del apoyo que recibió de otros líderes conservadores latinoamericanos y de la carga política que arrastra su figura.
Tanto Fujimori como Sánchez quieren que Perú siga siendo un país no alineado y abierto al comercio y los negocios con todas las potencias globales. Ninguno parece dispuesto a dar la espalda a China como socio comercial fundamental ni a abrazar los aspectos más hostiles de las políticas latinoamericanas y migratorias de Trump.
Por el contrario, ambos ponen el foco en consolidar a Perú como una plataforma de conexión con el Pacífico.
Otro dato interesante es la gran cantidad de observadores internacionales que participaron en esta segunda vuelta. La Unión Europea, la OEA e incluso funcionarios de la embajada de Estados Unidos, encabezados por el propio embajador estadounidense Bernie Navarro, estuvieron involucrados en tareas de observación electoral.
Lo crucial es que, esta vez, no parece que el problema haya sido el proceso electoral ni el conteo de votos. Más bien, la incertidumbre es consecuencia de que el país estaba profundamente dividido respecto de cuál de estos dos “males menores” debía llegar a la presidencia.
Los votantes claramente consideraron importante esta elección, dado que los votos nulos y en blanco fueron relativamente escasos.
Estados Unidos no tomó partido en estos comicios, pero sí pareció respaldar con firmeza un proceso limpio y transparente. Por eso, aunque es probable que el perdedor cuestione el resultado debido a lo ajustado de la diferencia —algo que genera preocupación—, parece poco probable que quienes denuncien fraude encuentren respaldo internacional.
