WASHINGTON.- En uno de los fallos de la Corte Suprema norteamericana de mayor impacto político en lo que va del segundo mandato de Donald Trump, el máximo tribunal falló en contra este martes de la orden ejecutiva del presidente que limitaba la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, un duro revés para una de las prioridades de la administración republicana en su estrategia migratoria.
La trascendental decisión de la Corte -con seis votos a favor y tres en contra- desestima así el decreto firmada por Trump al día siguiente de su regreso a la Casa Blanca, en enero del año pasado, que instruía a las agencias federales a que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre o madre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
En un duro posteo en su red Truth Social, Trump fustigó el fallo al calificarlo de “muy malo” para Estados Unidos, y lanzó una advertencia. “Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación, con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!“, escribió.
El mandatario añadió que el Congreso -hoy bajo control republicano, aunque han surgido disidencias con la Casa Blanca- debería empezar a trabajar “hoy mismo” para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, “una práctica costosa e injusta”, remarcó.
La orden ejecutiva de Trump nunca llegó a entrar en vigor ya que fue bloqueada rápidamente por varios tribunales inferiores debido a que chocaba con la 14ª Enmienda de la Constitución —ratificada en 1868—, la cual estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
En el escrito con la opinión mayoritaria de la Corte, su presidente, John Roberts, hizo referencia a un fallo de 1898 que reconocía que la 14ª Enmienda otorga la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, incluso a los hijos de ciudadanos extranjeros. Aquella histórica sentencia determinó que Wong Kim Ark —un hombre nacido en San Francisco e hijo de inmigrantes chinos— era ciudadano.
“No es de extrañar, pues, que en los 128 años transcurridos desde entonces hayamos entendido reiteradamente que la norma establecida en el caso ‘Wong Kim Ark’ garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción”, señaló Roberts. “No vemos motivo alguno para apartarnos de ese criterio hoy en día”, afirmó.
En el escrito, de unas 200 páginas, Roberts también señaló que existían “escasas pruebas” que respaldaran la “visión drásticamente revisionista” de la administración Trump sobre cómo interpretar la cláusula de ciudadanía.
“La ciudadanía, tanto entonces como ahora, consistía en el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los artífices de la 14ª Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió Roberts. “Hoy mantenemos esa promesa”, añadió.
Los tres magistrados que expresaron su disidencia fueron Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, mientras que de los seis que integraron la mayoría, cinco coincidieron en que la orden firmada por Trump era inconstitucional: los conservadores Roberts y Amy Coney Barrett, y las tres magistradas progresistas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
El juez conservador Brett Kavanaugh estuvo de acuerdo con el fallo final, pero mantuvo una postura distinta en cuanto a la argumentación jurídica. Afirmó que la orden ejecutiva de Trump no violaba la Constitución, pero sí contravenía una ley federal que establece que las personas nacidas en el país son ciudadanas desde el momento de su nacimiento.
En caso de que hubiera sido respaldada por la Corte, la orden ejecutiva de Trump hubiera tenido amplias repercusiones políticas, económicas y sociales al modificar la definición de ciudadanía de la manera más significativa desde que se ratificó la 14ª Enmienda.
La administración Trump había apelado los fallos de los tribunales inferiores contra el decreto presidencial, al argumentar que la disposición de la 14ª Enmienda se había malinterpretado durante más de un siglo. El presidente también afirmó que restringir ese derecho era necesario para evitar lo que llamó como la “industria del turismo de nacimiento”.
Según afirmó el abogado de la administración Trump, John Sauer, durante los alegatos, “miles de extranjeros procedentes de naciones potencialmente hostiles han acudido en masa a dar a luz en Estados Unidos en las últimas décadas”.
El caso había pasado por una audiencia pública en abril en la sede de la Corte -a la que asistió Trump- y una sesión en mayo en la que los jueces del máximo tribunal escucharon los argumentos de las partes.
En ese momento, los altos magistrados parecían divididos entre dos preocupaciones: por un lado, estaban escépticos de que los jueces de distrito individuales pudieran tener el poder de congelar las acciones ejecutivas en todo el país, y, por otro, también parecían preocupados por la legalidad -y las consecuencias- de la orden ejecutiva subyacente al caso, una política que va en contra de más de 100 años de fallos de la Corte.
El presidente de la Corte y varios de los otros magistrados conservadores habían cuestionado los argumentos del gobierno en defensa de la orden para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento bajo el decreto titulado “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.
Según estimaciones, más de 250.000 bebés que nacen por año en Estados Unidos podrían haberse visto privados de la ciudadanía estadounidense en caso de que el decreto del presidente hubiera sido avalado por la Corte.
El caso por el que la Corte falló este martes -en su última sesión antes del receso veraniego- se derivó de una demanda colectiva presentada el año pasado en New Hampshire por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Desde que fue firmado, el decreto enfrentó rápidamente desafíos legales en cortes de todo el país, que pusieron el foco en que violaba la 14ª Enmienda.
Jueces de distrito de estados como Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia del decreto, por lo que el caso había pasado a ser clave en la agenda de la Casa Blanca. En esos estados, las demandas presentadas sostuvieron que el presidente no tenía la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva.
Los defensores de la ciudadanía por derecho de nacimiento la destacan como una “piedra angular” de lo que significa ser norteamericano, parte del “espíritu nacional” del país como un lugar abierto a todos, “independientemente de su fe, raza o credo”.
Según una encuesta de abril de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, cerca de dos tercios de los norteamericanos opinaron que los bebés nacidos en Estados Unidos deberían obtener la ciudadanía automática.
El sondeo, sin embargo, mostró matices. Mientras que el 75% apoyó la ciudadanía automática para los bebés nacidos en EstadosUnidos de padres que estén en el país con visas de trabajo, solo un 50% la respaldó en casos en los que los progenitores se encuentren con estatus ilegal.
