SANTA FE.- Se aproximan definiciones en el llamado caso Vicentin, el grupo agroexportador santafecino que enfrenta un concurso de acreedores desde 2020. Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no definió el recurso planteado por la empresa al rechazo de la justicia santafecina del acuerdo con los acreedores, el juez de la causa, Fabián Lorenzini, de los Tribunales de Reconquista, que abrió el procedimiento de cramdown (para que terceros realicen ofertas), ya dispone en su escritorio del Análisis de Valuación requerido oportunamente, en el cual especialistas en tales cuestiones establecieron el real valor de mercado que tiene hoy la empresa.
Según dicho trabajo, la tasación del valor del mercado de la empresa Vicentin dio negativa. Aunque ese informe se mantiene en reserva, trascendió que el patrimonio neto negativo rondaría los 1000 millones de dólares. “Era lo esperado. Y con ese patrimonio neto negativo, las acciones no tienen valor”, explicó a LA NACION una fuente cercana al expediente. Por ende, la posibilidad de recupero es muy baja y seguramente los montos finales recuperados serán menores, subrayó.
Lo que sigue en el caso es la apertura de la denominada “etapa de conformidades”. Luego de la notificación a las partes, estará vigente el plazo de cinco días para que los eventuales interesados en adquirir la empresa expresen si están en desacuerdo o no con lo que sostiene el Análisis de Evaluación. Finalizado dicho plazo, Lorenzini evaluará las posturas de los posibles compradores y, si no hay impugnaciones, fijará el valor definitivo de las acciones de Vicentin.
Al analizar estas cuestiones, la misma fuente consultada explicó que “el monto que se obtenga del salvataje o cramdown será para pagar deudas, nada para acciones”. Agregó: “Si no hay impugnaciones, comienza el periodo de presentación de propuestas con sus respectivas mayorías acorde a la ley. En este caso puede haber acuerdo entre dos o tres oferentes para realizar una propuesta”.
El denominado Análisis de Valuación fue realizado por el evaluador técnico designado, contador Juan José López Forastier, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e inscripto en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Santa Fe. Es socio gerente del estudio Marinozzi Mazzitelli & Asociados SRL y estableció domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El trabajo consta de 22 fojas y de su evaluación surge –como se dijo- la existencia de un patrimonio neto negativo. Esto, según la interpretación de los especialistas, significaría que las acciones de Vicentin, prácticamente no tienen el valor de mercado que estimaban los directivos de la empresa, hoy controlada por dos interventores (Guillermo Nudemberg y Andrés Shocrón) nombrados por el juez de Reconquista en abril de este mismo año.
Esa medida de Lorenzini buscaba reorganizar la compañía ante la paralización de sus plantas en aquel momento, el crecimiento de la deuda posconcursal y la necesidad de preservar la empresa y sus fuentes laborales. Sobre el estado de las plantas procesadoras que posee Vicentin en esta provincia (Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone), donde trabaja a fasón (para terceros) el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Daniel Succi, comentó a este medio que “la entrada de granos está normal”, pero aclaró que “lo que no andan bien son las plantas, tanto la de girasol como las de soja, que no alcanzan a moler la cantidad suficiente ya que se rompen a cada rato. Van a tener que parar y hacer una reparación integral”. El gremialista admitió que el procesamiento de girasol está asegurado hasta octubre/noviembre y el de la soja hasta febrero de 2026.
Por otra parte, debe recordarse que finalmente quedaron en carrera cinco empresas en el proceso de rescate de Vicentin. Para continuar, cada oferente depositó $1100 millones para demostrar seriedad y garantía de compra, y ahora esperarán la definición del juez para conocer quién avanzará en la adquisición.
Los interesados que siguen en competencia son Bunge SA, Grassi SA, la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada y una oferta conjunta presentada por Molinos y Louis Dreyfus Company (LDC). Según lo establece el régimen de salvataje, la propuesta que resulte seleccionada deberá contar con el apoyo de al menos el 50% de los acreedores. LA NACION hizo consultas en la empresa sobre el análisis de la valuación. “Es lógico y correcto, nada que decir”, apuntaron.
