WASHINGTON.– Un juez federal de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda de la administración de Donald Trump contra la Universidad de Harvard, que acusaba a la institución de no haber protegido a estudiantes judíos e israelíes frente al antisemitismo y la discriminación, en un nuevo capítulo del duro enfrentamiento entre la Casa Blanca y una de las universidades más prestigiosas del país.
El juez federal de distrito Richard Stearns, de Boston, concluyó que el gobierno no había demostrado de forma plausible que existiera una violación continuada del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en instituciones y programas que reciben financiación federal.
La demanda se inscribía en un conflicto mucho más amplio. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump emprendió una ofensiva contra algunas de las principales universidades estadounidenses, a las que acusa de permitir un sesgo progresista y de haber dado vía libre a movimientos propalestinos en sus campus durante las protestas contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
En el caso de Harvard, el gobierno puso el foco sobre los acontecimientos que siguieron al ataque del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.
La demanda sostenía que el cuerpo docente y la dirección de la universidad “hicieron la vista gorda ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes” durante las manifestaciones que atravesaron el campus.
Entre los ejemplos citados, el Departamento de Justicia aseguró que manifestantes antiisraelíes ocuparon bibliotecas de Harvard y que la universidad permitió que un campamento de protesta permaneciera durante veinte días, pese a que, según el gobierno, violaba las propias normas de la institución.
Sin embargo, Stearns determinó que esos antecedentes no bastaban para sostener la acusación. El magistrado señaló que las alegaciones se concentraban principalmente en episodios ocurridos durante el curso académico 2023/24 y que la demanda apenas incluía un puñado de hechos posteriores, registrados en marzo de 2025.
A su juicio, eran “demasiado aislados y esporádicos” para demostrar una violación continuada de los derechos civiles.
El juez también señaló que la demanda no describía de manera adecuada incumplimientos posteriores a junio de 2025, cuando el gobierno notificó formalmente a Harvard que consideraba que la institución no cumplía con el Título VI. Ese punto resultaba central para acreditar que la supuesta discriminación persistía.
La administración había presentado la acción judicial con un objetivo que trascendía una sanción simbólica. En sus escritos ante la Justicia sostuvo que pretendía “recuperar miles de millones de dólares de subvenciones de los contribuyentes concedidas a una institución discriminatoria”.
El conflicto por el antisemitismo también derivó en una disputa por el financiamiento de Harvard. El gobierno de Trump congeló miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la universidad, bajo el argumento de que había tolerado el antisemitismo y mantenía un sesgo progresista. En septiembre, otro juez federal consideró que esa medida era en gran parte ilegal y ordenó restituir los fondos.
Harvard rechazó desde el comienzo las acusaciones. La universidad sostuvo que la demanda constituía una “represalia” del gobierno por negarse a ceder el control de Harvard al gobierno federal. Ni la institución ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios tras conocerse el fallo.
Agencias Reuters, AP y AFP
