SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un amplio operativo policial conjunto se desplegó ayer para activar un desalojo parcial en los predios en disputa que habitan las comunidades mapuche Lof Kinxikew (Quintriqueo) y Lof Melo, en cercanías a Villa La Angostura.
Las tierras en disputa se encuentran en el paraje Paso Coihue (Lote Pastoril 42 de la Colonia Nahuel Huapi), a la altura de los kilómetros 2082 y 2083 de la Ruta Nacional 40, a unos 35 kilómetros de la localidad neuquina.
La medida judicial, firmada por el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, estaba originalmente prevista para este jueves, pero fue adelantada sorpresivamente a las primeras horas de ayer.
El operativo contó con la participación de efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía de Neuquén, Gendarmería Nacional, personal de bomberos, oficiales de justicia y médicos locales. Tras cortar las cadenas de la tranquera de acceso, las fuerzas ingresaron al predio bajo las órdenes del comisario inspector Miguel Ángel Poblete.
En el caso de la Lof Quintriqueo, la orden judicial de desalojo alcanzó a tres viviendas. En la primera, la lonko Amancay Quintriqueo se retiró de forma voluntaria y pacífica junto a su tía. En la segunda vivienda, el ocupante no se encontraba en el lugar, habiendo viajado a Bariloche por un problema de salud familiar. En la tercera casa, se constató la presencia de una pareja: la mujer, afectada por un cuadro de presión y diabetes, debió ser trasladada en ambulancia por personal médico para verificar su estado de salud.
A las familias desalojadas se les permitió llevar documentación, medicamentos, dinero y mascotas, y optaron por trasladarse provisoriamente a la casa de un familiar en el barrio Las Flores de Villa La Angostura.
En el caso de la Lof Melo, en El Pedregoso, la medida de desalojo no pudo completarse. La concentración de miembros de la comunidad y allegados que se acercaron para brindar apoyo, sumada a la presencia de niños en el territorio y la ausencia de organismos de protección de menores del Estado, obligó a las fuerzas de seguridad del GEOP a retirarse del lugar alrededor de las 14.
De este modo, el operativo sólo pudo completarse de manera parcial, logrando recuperar de manera efectiva la fracción de costa del lago Nahuel Huapi que no posee viviendas. Consultado por LA NACION, el abogado Luis Virgilio Sánchez señaló que la comunidad Melo “está resistiendo” y que la diligencia de desalojo podría completarse hoy.
La disputa judicial por las 624 hectáreas del Lote Pastoril 42 se inició a finales de 2011. En ese momento, María Cristina Broers acudió a la justicia denunciando que integrantes de la comunidad mapuche habían ingresado de forma intempestiva al predio, impidiendo su acceso. La familia denunciante, de origen belga, sostiene la titularidad registral del inmueble desde 1969.
Por su parte, la comunidad defiende su ocupación ancestral de las tierras, argumentando que históricamente usaban esos campos como territorio de invernada para sus animales hasta que la familia Broers instaló alambrados en la década de 1970. El largo conflicto transitó por numerosas instancias de la justicia de Neuquén.
En 2016, el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes, Andrés Luchino, dictó la sentencia de desalojo. En agosto de 2022, el juez Bonorino ordenó la ejecución de esa sentencia. En julio de 2023, la Cámara de Apelaciones rechazó los recursos presentados por la comunidad, ratificando la orden de restitución del lote a Broers.
En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad presentado por la comunidad, dejando el fallo en condiciones de ser ejecutado. A nivel nacional, la causa se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja que todavía no ha sido resuelto.
“A la comunidad Quintriqueo le fue reconocido ese lugar como Territorio Tradicional y Ancestral por una Resolución del INAI, aunque salió en 2023, después de que la Justicia de Villa La Angostura ordenara el desalojo. Actualmente, la comunidad ha demandado a la familia Broers mediante una acción declarativa de certeza sobre las tierras. Se pidió una medida cautelar para que se suspenda el desalojo hasta que se resuelva el fondo en esta causa ordinaria, pero el juez Bonorino aún no concede la medida. En este caso, los privados apuestan a desalojar antes de que se resuelva el fondo de la cuestión en torno a los derechos territoriales en pugna”, explicó Sánchez.
En tanto, tras la concreción del desalojo parcial, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado denunciando “un violento despojo”. En su descargo, la organización acusó al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, de mantener conversaciones telefónicas con referentes de las comunidades mapuche mientras de forma paralela las fuerzas especiales del GEOP irrumpían cortando cadenas y golpeando a las familias dentro del predio.
No obstante, fuentes gubernamentales y del Poder Judicial neuquino desmintieron el uso de violencia física y afirmaron que se trató de un operativo pacífico y ordenado en cumplimiento de una manda judicial firme.
Por estas horas, integrantes de las comunidades de la zona y vecinos mantienen la presencia en el sector de El Pedregoso bajo estado de alerta y han convocado públicamente a reforzar el acompañamiento para resistir cualquier intento de las fuerzas de seguridad de reanudar el operativo de desalojo.
