Una empresa que fue sancionada por violar la ley que pena la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina fue beneficiada por el Gobierno con la adhesión a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La situación generó críticas en la oposición, con un pedido de explicaciones a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno que efectivizó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
La firma en cuestión es Southern Energy, que en un 15% está integrada por Harbour Energy, una empresa que cambió de denominación (su nombre anterior era Premier Oil). Con su denominación primitiva, en 2013 fue inhabilitada hasta 2028 por violar la ley 26.659, que establece “condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina”.
“Según constaría en los registros societarios del Reino Unido, Premier Oil PLC y Harbour Energy PLC no serían dos empresas distintas, serían la misma persona jurídica, inscripta bajo un único número de registro, con un cambio de denominación social operado en 2021. Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior. De ser así, la inhabilitación dispuesta en 2013 sobre Premier Oil PLC, vigente hasta 2028, alcanzaría a la sociedad hoy denominada Harbour Energy PLC”, escribió Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, en su cuenta de la red social X.
Según informó LA NACION a principios de mayo de 2025, cuando la firma accedió al RIGI (a través de la resolución 559/2025 del Ministerio de Economía), Southern Energy invertiría US$2825 millones en los próximos diez años para para exportar gas natural licuado. Para ello, deberá construir infraestructura para la llegada de dos buques de licuefacción que amarrarán en Río Negro, para convertir el gas a estado líquido. Además de Harbour Energy, integran Southern Energy las empresas Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Golar LNG (10%).
“En 2013, la Resolución 481 de la Secretaría de Energía inhabilitó por 15 años a Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la República Argentina, por operar en la plataforma continental cerca de Malvinas sin habilitación argentina. El fundamento fue la Ley 26.659. Esa inhabilitación sigue vigente hasta 2028″, subrayó Ferraro.
El primer buque para el proyecto de Southern Energy llegaría a principios de 2027; el segundo, arribaría en 2028. Con la primera embarcación, la firma que accedió al RIGI podría operar 11,5 millones de metros cúbicos por día de gas; con la segunda, 16 millones de metros cúbicos.
“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente. Estaría bueno que los ministros brinden una explicación sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si tienen previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación”, afirmó Ferraro en su mensaje, destinado a Caputo (Economía) y Quirno (Relaciones Exteriores).
El jueves, en una cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno sancionará a las empresas extranjeras que operen en las Islas Malvinas. Las petroleras Navitas y Rockhopper, que operan en la zona con en el proyecto Sea Lion, anunciaron que no frenarán sus tareas. Otras tres empresas (SLB, Baker Hughes y Halliburton, con intereses en Vaca Muerta), por el contrario, adelantaron que no participarán de proyectos en el archipiélago.
