SANTA FE.- En un fallo que los productores santafecinos calificaron de “histórico”, la Cámara Civil y Comercial de los Tribunales de Reconquista, al norte de esta provincia, declaró inconstitucional el artículo 8 de la ley 5066, promulgada en 1959 por el gobernador Carlos Sylvestre Begnis, que vía juicio de “apremios fiscales” le daba a las comunas locales la potestad del cobro de deudas por boletas de tasa por hectáreas impagas mediante tal procedimiento.
Lo que el fallo adquiere el calificativo de histórico es que el cobro de la tasa por hectárea deberá justificarse con servicios prestados. Se dispone, además, una proporcionalidad entre la tasa y las obras, así como la publicación de lo que se recauda y cómo se usan esos fondos.
No es un tema nuevo ya que en los últimos años, en varias regiones de la Argentina, se despertó el reclamo del agro con un claro cuestionamiento a la falta de garantías para ejercer una verdadera defensa, por entender que en muchos casos se cobra la tasa, pero no se realizan obras necesarias para las tareas productivas, especialmente en el mantenimiento de caminos.
Un elemento destacado que quizá permita comprender por qué los presidentes comunales de Santa Fe intentan por todos los medios que no se elimine esa tasa es que los presupuestos comunales se solventan por este medio, ya que los montos que se recaudan por esa tasa son –muchas veces- millonarios.
En el reciente fallo de la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, los magistrados María Eugenia Chapero, Santiago Andres Dalla Fontana y Mauricio Sánchez, determinaron la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley 5066, que vía juicio de “apremios fiscales” le da a las comunas la potestad del cobro, desconociendo todo argumento a favor de los productores.
Se señaló que la sentencia, que sentaría jurisprudencia en favor de productores de otros distritos, incluso a nivel nacional, se dio en un caso que enfrenta a la Comuna de Villa Ana y una empresa privada (Edupa SA) de Rafaela, que posee campos en el norte de esta provincia.
Por su parte, el diputado provincial Emiliano Peralta, integrante del bloque “Somos Vida”, que encabeza Amalia Granata, reconoció en diálogo con LA NACION que “los productores, generalmente, no pagan la tasa (por hectárea) porque las comunas no les prestan ningún servicio. Cuando están por prescribir esas deudas (los abogados de las comunas) van en masa y hacen ejecuciones. Eso, ahora, tendrá que ser observado porque a la tasa que cobran corresponde una contraprestación. Un fallo anterior, pero de la Corte Suprema de Justicia, señala que el cobro de dicha tasa no es exigible si no hay contraprestación demostrada o demostrable”, sostuvo el legislador consultado por este diario.
Hace algunas semanas, algunas entidades, entre ellas la Sociedad Rural de Santa Fe, advirtieron que la reforma constitucional de Santa Fe, que sesionará a partir de julio venidero, podría consolidar privilegios políticos y mantener el cobro arbitrario de tasas municipales al agro. “El sector exige límites a la autonomía comunal para evitar excesos impositivos sin contraprestación”, dijo la entidad en un comunicado.
La resolución da una respuesta integral a un conjunto de reclamos de los productores. Porque además de exigir que su dinero vuelva en obras, advierten sobre la discrecionalidad en la determinación de esas tasas, que cada distrito fija en litros de gasoil sin ningún tipo de argumentación.
En base al derecho a la información pública, el abogado Pablo Torres Barthe viene asesorando a productores de varios distritos de Santa Fe en la implementación de una estrategia que obligue a los gobiernos locales a rendir cuentas. Así consiguieron, por ejemplo, que la comuna de Santa Rosa de Calchines suprima el cobro en zona de islas o bañados, donde no hay red vial que mantener.