SANTIAGO DE CHILE.- Dos gobiernos afines, dos presidentes que se elogian en público y, en cuestión de semanas, una sucesión de declaraciones y gestos que devolvió al vocabulario político chileno palabras que parecían archivadas: soberanía, disuasión, renovación del arsenal.
El viernes, durante una gira por la Región de Los Ríos y en medio de la presión de su propio sector, José Antonio Kast tuvo que desmentir al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien había asegurado en A24 que ambas armadas realizan un “patrullaje combinado” en el Paso Drake y ejercicios conjuntos en Magallanes.
“Jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto”, respondió el presidente chileno. “Cualquier buque, cualquier bandera, tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación”. Y remató: “El Estrecho de Magallanes es y será siempre chileno, y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona”.
El Ministerio de Defensa chileno fue más técnico y precisó que los únicos acuerdos de trabajo conjunto en la zona austral son la Patrulla Antártica Naval Combinada, estacional y en aguas internacionales, y el Ejercicio Viekarén, de búsqueda y rescate en el canal Beagle.
La reacción presidencial fue el corolario de una incomodidad que en Chile se venía acumulando desde hacía semanas, alimentada por declaraciones de militares y autoridades argentinas. Del otro lado de la cordillera, cada episodio se agotó en su propia aclaración y el asunto nunca llegó a instalarse en la agenda pública.
En Chile ocurrió lo contrario: seis excomandantes en jefe de la Armada salieron a pedir firmeza, la Cámara de Diputados aprobó por 57 votos contra 49 la primera interpelación a un ministro de esta administración -el canciller Francisco Pérez Mackenna deberá responder el lunes 28 por los episodios con la Argentina- y el gobierno terminó obligado a dar cuenta del estado de sus Fuerzas Armadas.
“La seguidilla de hechos ha provocado un clima de desconfianza en la opinión pública chilena”, dice a LA NACION el senador Iván Moreira, vicepresidente del Senado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores. “Hay una sucesión de actos y declaraciones de diversos gobiernos argentinos que han alimentado la sospecha de que esto forma parte de una estrategia de mayor aliento, con un objetivo que desconocemos”.
El podcast que encendió la mecha
El domingo 23 de agosto, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, general Gustavo Valverde, sostuvo en un podcast que “Magallanes, el sur, el Mar de Drake, todo eso es soberanía” y que había que hacer presencia allí porque se trata de “una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”.
Era el segundo alto oficial argentino en cuatro meses en cuestionar la soberanía chilena sobre el Estrecho. En abril, el contraalmirante Hernán Montero, jefe de Hidrografía Naval, había afirmado en otro podcast que la boca oriental era argentina. Ese primer episodio pasó sin reacción formal de La Moneda, pero esta vez la Cancillería envió una nota de protesta y Pérez Mackenna recordó que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho “se funda en los Tratados de 1881 y 1984”. El 3 de septiembre, en Santiago, Kast y Javier Milei firmaron un comunicado que ratificó ese régimen jurídico.
Sin embargo, la calma duró tres días. En Radio Mitre, la senadora Patricia Bullrich enumeró las prioridades estratégicas argentinas e incluyó “el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”. El domingo 6 le escribió al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, para atribuirlo a “una confusión de nombres”: había querido decir canal Beagle, y que el Estrecho pertenecía “en su totalidad a la hermana República de Chile”.
Ese mismo fin de semana, el canciller Pablo Quirno aclaró que al hablar de un país “bicontinental y bioceánico”, aludía a la ruta hacia la Antártida.
Las rectificaciones llegaron tarde para la opinión pública. Una encuesta de la consultora Cadem del 6 de septiembre mostró que el 47% de los chilenos consideraba que Kast había manejado mal la controversia.
Dos cartas y una memoria de 1978
La advertencia más dura llegó desde la propia Armada chilena. El 2 de septiembre, seis almirantes en retiro que fueron comandantes en jefe de la institución -Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González, Enrique Larrañaga, Julio Leiva y Juan Andrés de la Maza- publicaron una carta en El Mercurio donde recordaron que algunos de ellos vivieron la crisis del Beagle, “que llevó a ambos países al borde de una guerra”, y advirtieron que la Argentina “ha mantenido históricamente aspiraciones de proyección hacia el Pacífico”.
Y cerraron con una frase que se citó durante días: “La historia aconseja prudencia, pero también firmeza. Ya en 1978 Argentina declaró insanablemente nulo el Laudo Arbitral sobre el Beagle. Esa experiencia no debiera olvidarse”.
Cuatro días después llegó la segunda carta, de seis exministros de Defensa de gobiernos de distinto signo, entre ellos Francisco Vidal, Mario Desbordes y Alberto Espina, que advirtieron que el financiamiento de las capacidades estratégicas se está tratando como una variable de ajuste fiscal. Vidal aclaró que el reclamo no era belicista: “Nuestra capacidad militar no es para ofender”.
La lectura se repitió en la oposición: Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gabriel Boric, sostuvo que los episodios no pueden analizarse por separado. “Son demasiados los hechos acumulados”, dijo.
El decreto que Chile reclama
Detrás del malestar hay un documento. El decreto 457, firmado en 2021 bajo Alberto Fernández, aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional y menciona la “exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”, como se denomina en la Argentina al Paso Drake. Chile protestó por carta formal ese mismo agosto y el decreto sigue vigente, igual que el 256 de 2010, que los excomandantes de la Armada consideran incompatible con el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Ahí ubica Iván Moreira el nudo. “El presidente Milei ha reconocido el apoyo chileno a la Argentina en el tema Malvinas, sin que ese gesto solidario sea correspondido con un acto que solo depende de él, como es la derogación del decreto 457/2021. Es una omisión que nadie podría calificar de amistosa”, afirma.
El senador fue el 5 de septiembre la voz más audible del enojo chileno. Pidió al gobierno abandonar la prudencia –“nosotros seguimos poniendo la otra mejilla y creo que eso tiene que terminar”- y cerró su declaración devolviéndole al mandatario argentino su propia muletilla: “Si al presidente Milei le gustan las arengas, respondámosle en su propio estilo: viva la libertad, viva nuestra soberanía y viva la dignidad de Chile, carajo”. La frase recorrió el país en horas.
Para Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, el problema no fue el contenido de la respuesta chilena sino su demora. “Hubo una nota de protesta y un comunicado conjunto con una aclaratoria. Pero claramente ya no es suficiente, porque muchos sectores piden mayor fuerza para la enmienda o el reemplazo del decreto 457”, explica.
Puertas adentro, el endurecimiento del discurso cumple una función. “Hay un uso político en dos sentidos”, plantea Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca. El primero: “Aunque estos efectos suelen ser solo de corto plazo, permitirían a Kast tener un respiro dados los malos resultados económicos y de opinión pública”. El segundo mira hacia adentro del oficialismo: “Las posiciones más duras de defensa ayudan a controlar el desangre en su propio sector. Una respuesta dura es lo que hoy esperan los electores de derecha más firme”.
El telón de fondo, sin embargo, excede a los dos vecinos. Aranda lee la secuencia como una derivada de la doctrina Monroe, el principio de 1823 que reservaba el hemisferio a la influencia de Washington y que la Estrategia de Defensa 2026 de Estados Unidos actualizó al priorizar el dominio militar del hemisferio occidental.
En ese esquema, la Argentina y Colombia figuran como socios preferentes, se pide a los gobiernos elevar presupuestos de defensa y comprar material norteamericano, y se reparten incentivos: el guiño de Donald Trump sobre Malvinas fue, para el académico, “un recado primero para Londres y después para Buenos Aires”.
“En cuanto a capacidad militar, Chile hoy está por sobre la Argentina, es un hecho de la causa”, dice Raúl Sohr, analista de defensa y el primer periodista latinoamericano que llegó a Malvinas después de la guerra de 1982. “Pero acá no importan tanto los fierros como la diplomacia”, añade.
De igual modo, los números alimentan la inquietud chilena. La Argentina firmó en abril de 2024 la compra de 24 F-16 A/B MLU de segunda mano a Dinamarca por unos 300 millones de dólares, la mayor adquisición aérea del país en décadas. Los primeros seis llegaron a Río Cuarto el 5 de diciembre de 2025, otros seis se esperan a fines de este mes y el cronograma prevé completar las entregas en 2028. Del lado chileno, la Fuerza Aérea opera 46 F-16 comprados a Estados Unidos y Holanda entre 2002 y 2011.
Lo que la controversia terminó abriendo en Chile, sin embargo, es una discusión que el gobierno venía esquivando: el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas, creado por la ley 21.174 en reemplazo de la Ley Reservada del Cobre, debía recibir unos 500 millones de dólares al año y no recibió nada en 2023 ni en 2024. “Lo que no puede pasar es que Chile siga postergando las inversiones que corresponden”, reclamó Desbordes, hoy alcalde de Santiago.
Moreira lo dice desde el Senado en términos más suaves. “Chile es un país que apuesta por la paz, respetuoso del derecho internacional y no mantiene reclamos territoriales”, afirma. “Sin embargo, cada cierto tiempo nuestros vecinos nos plantean reclamos y disputas, por lo que es necesario mantener una capacidad disuasiva importante”. Y agrega: “Los chilenos estamos decididos a defender nuestra soberanía y nuestra dignidad”.
