La muerte de millares de peces en el dique Cuesta del Viento desató no solo alarma ambiental sino también un conflicto institucional de alto voltaje. Lo que comenzó como un episodio atribuido oficialmente a la disminución de oxígeno en el agua terminó convertido en una causa judicial con informes cruzados, sospechas históricas y señalamientos directos al sector minero.
El activismo de Iglesia y Jáchal volvió a tomar protagonismo: la organización Jáchal No Se Toca presentó ante la fiscalía un análisis técnico que, según denunciaron, mostraría presencia de metales pesados en niveles comparables a los registrados tras el derrame de 2015. La acusación apunta a Barrick Gold y Shandong Gold, operadoras del área minera Veladero, aunque la compañía negó cualquier responsabilidad.
En paralelo, desde el Gobierno provincial se difundieron resultados del monitoreo realizado por el sistema ambiental minero, que descartan contaminación y aseguran que los valores detectados se encuentran dentro de los parámetros históricos.
Ahora, la cancha deja de ser técnica y pasa a ser judicial. El fiscal deberá resolver cuál de los estudios tiene mayor validez científica, si es necesario un peritaje independiente y, sobre todo, si existió un hecho generador atribuible a la actividad minera o si el fenómeno responde a un proceso natural extremo.
El dique, símbolo turístico y deportivo de Iglesia, queda así en el centro de una pulseada que excede la biología: enfrenta modelo productivo, controles ambientales, credibilidad estatal y memoria social tras años de tensiones entre minería, agua y comunidad.
