La reciente decisión del gobierno nacional de extender a las cárceles provinciales el mecanismo de bloqueo de celulares activados dentro de los establecimientos penitenciarios constituye una medida tan necesaria como urgente. El Estado no puede aceptar que la privación de la libertad sea solamente física mientras la capacidad de delinquir permanece intacta en el mundo virtual.
La decisión, adoptada mediante resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), extiende así una disposición que ya regía para los establecimientos federales. Las provincias que adhieran al protocolo podrán solicitar, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, el bloqueo del IMEI, del IMSI (las identidades del equipo móvil y del abonado) y de la línea asociada a los que sean activados dentro de las áreas penitenciarias o sectores de acceso restringido. La intervención deberá ser solicitada formalmente y deberá quedar registrada. Se prevén, además recaudos técnicos para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera de los penales.
Se trata de un principio de solución institucional a un problema que, durante demasiado tiempo, ha venido siendo tratado como un mero hecho administrativo, sin tomar debida conciencia de los trágicos efectos que el uso ilegal de los celulares continúa causando en la población extramuros ni de la evidente connivencia político-penitenciaria que los ha venido facilitando.
El objetivo no es impedir arbitrariamente la comunicación de los internos con sus familias o sus abogados, sino prohibir que un detenido disponga en su celda de una herramienta con la que pueda dirigir una organización criminal, elegir víctimas, ordenar amenazas, coordinar robos y recibir el producto de sus delitos.
La discusión se volvió especialmente urgente tras la pandemia de coronavirus. Lo que había nacido como una excepción razonable ante la imposibilidad de recibir visitas facilitando los contactos familiares durante el aislamiento, terminó convirtiéndose, en algunos distritos, en una situación que excedió largamente la emergencia. En la provincia de Buenos Aires llegaron a registrarse decenas de miles de teléfonos en manos de personas privadas de la libertad. Las propias autoridades penitenciarias reconocen que las redes sociales no forman parte de los usos autorizados, mientras funcionarios judiciales hace tiempo que advierten que era previsible que esos dispositivos fueran ser utilizados para continuar delinquiendo. Sin embargo, pasaron años y no se adoptaron los imprescindibles recaudos o, lo que es peor, se apañó a los delincuentes.
La llamada Banda del Millón mostró con crudeza el problema en el conurbano bonaerense. La investigación judicial determinó que sus integrantes, alojados en cárceles del distrito, planificaban y dirigían robos desde sus celdas. La Justicia prohibió el uso de celulares a varios de ellos y dispuso requisas y bloqueadores, precisamente para impedir que siguieran violando la ley desde el encierro.
En Rosario, el caso de Los Monos venía exponiendo desde mucho antes del Covid-19 que los muros de una cárcel no necesariamente significan el fin del poder de una banda. Investigaciones judiciales establecieron que Máximo Ariel “Guille” Cantero y otros integrantes de la organización impartían desde prisión instrucciones para mantener el negocio de la droga. Incluso se detectaron mecanismos de comunicación instalados dentro de los propios establecimientos penitenciarios. El problema, entonces, no es tecnológico. Es de autoridad.
El caso del soldado Rodrigo Andrés Gómez resultó una trágica muestra de esa vil práctica. En diciembre último, el joven de 21 años se suicidó mientras cumplía funciones en la quinta de Olivos, después de haber sido sometido a una extorsión digital. La investigación de la Justicia Federal reconstruyó que los principales responsables operaban desde la Unidad 36 de Magdalena mediante teléfonos celulares, utilizando perfiles falsos, realizando llamadas y enviándole mensajes para presionarlo y obtener dinero.
También hubo señales tempranas de que el problema no se limitaba a grandes organizaciones criminales. La aparición de presos convertidos en influencers con decenas de miles de seguidores es otra de las caras de lo que nunca debió suceder.
La provincia de Mendoza ofreció, en julio de este año, otra postal reveladora. Internos del Complejo Penitenciario San Felipe participaron de un streaming mediante teléfonos celulares, pese a que, desde 2023, su tenencia está prohibida en los establecimientos provinciales. La investigación penitenciaria permitió identificar a los responsables, secuestrar aparatos y trasladar a los involucrados a un módulo destinado a internos de alto perfil.
El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de quienes están privados de su libertad, pero también tiene, y muy especialmente, la obligación de proteger a quienes están afuera: personas inocentes que terminan siendo víctimas de la desidia estatal. No hay resocialización posible si la prisión se convierte en una base de operaciones criminales.
La medida nacional merece respaldo. Su eficacia dependerá de que las provincias adhieran, de que los bloqueos funcionen, de que las requisas sean reales y de que quienes faciliten el ingreso de teléfonos sepan que no habrá tolerancia. Un delincuente condenado no puede seguir teniendo, desde su celda, una línea abierta con el delito.
