El 10 de diciembre de 2024 el presidente Javier Milei utilizó la expresión “en estos días” en alusión a la finalización del trabajo que su equipo realizaba en la confección de una “reforma impositiva estructural”. Casi 11 meses después, la composición de un nuevo Congreso promete que su letra fina pueda ver la luz en diciembre próximo, según el timing acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La hoja de ruta del programa económico firmado con el organismo que dirige Kristalina Georgieva, y que también fue discutida con el equipo económico argentino liderado por el ministro Luis Caputo, obtuvo su primera aprobación en agosto. La página 84, de un documento de 95 hojas, muestra la propuesta argentina de “reformas estructurales” con su correspondiente momento.
Antes del triángulo de reformas estructurales (impositiva, previsional y laboral), el calendario del Gobierno acordado con el FMI estipula tareas del capítulo privatizaciones. “Mediados de noviembre”, fija el documento aprobado el 1 de agosto. El centro de esa escena lo ocupan las empresas públicas privatizables incluidas en la Ley Bases, como Aysa, Enarsa, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica, y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.
“Publicar los lineamientos necesarios para asegurar un proceso de privatización eficiente y transparente de las empresas estatales”, acordó el Gobierno.
A diferencia de ese objetivo aún inconcluso, el Gobierno se adelantó al calendario de reformas y en octubre ya publicó la resolución que dio lugar a la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista. Y las reformas con mayor impacto, como la impositiva, laboral y previsional, empieza a entrar en acción en diciembre.
“Finales de diciembre de 2025″ contiene dos objetivos para el Gobierno en este calendario de reformas. Uno de ellos es la tan nombrada impositiva. “Desarrollar (y compartir con el personal del Fondo) una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario. La propuesta debe contemplar la racionalización de los costosos gastos fiscales, lo que permitirá eliminar gradualmente los impuestos distorsivos”, explica el documento.
El Gobierno le adelantó al FMI en agosto algunos detalles de la primera de las tres reformas del triángulo de alto impacto: una eliminación gradual de cargas sobre transacciones comerciales, “racionalización de los tipos de IVA”, una “mejora del sistema de impuestos especiales (mediante la normalización de los impuestos sobre el combustible y otros)” y el “fomento de la formalización de empresas y trabajadores”.
En paralelo, el Gobierno se comprometió para diciembre de este año a integrar todas las bases de datos en un único registro social (el Sistema de Indicadores Sociales) “para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo”.
El documento incluye otras medidas, pero del triángulo de reformas mencionadas por funcionarios del Gobierno (impositiva, laboral y previsional), la que le seguiría en ese orden cronológico, recién tendría fecha en “diciembre de 2026″. Allí se menciona: “Presentar al Congreso un informe de diagnóstico y revisión del sistema de pensiones, con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad. La iniciativa debería simplificar un sistema altamente fragmentado y mejorar la relación entre contribuciones y prestaciones”.
El equilibrio entre los aportes al sistema previsional y sus pagos para jubilados y pensionados contempla, entre sus aristas, a la cantidad de trabajadores registrados. Su contracara, la del empleo informal, es uno de los puntos que pretende abordar la denominada reforma laboral.
El texto del staff report la explica como si formara parte de un paquete junto con las propuestas de cambios previsionales. “Es una prioridad”, sostiene en referencia a la “reforma integral de pensiones” y “el fomento de la formalización laboral”. Su fecha: “La propuesta de reforma se presentará al Congreso durante 2026″.
Pese a esta secuencia volcada en el staff report del FMI, Milei habló de un timing que podría ser distinto. “Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, dijo este lunes el Presidente en A24.
Cómo contó LA NACION, en los planes del Gobierno asoma la posibilidad de tomar como base un proyecto de ley que introduce cambios laborales, presentado por la diputada Romina Diez, y agregarle el trabajo que surja del Consejo de Mayo. Allí conviven funcionarios públicos de la gestión libertaria, un representante de los gremios (Gerardo Martínez) y otro del empresariado (Martín Rappallini).
Más allá de los posibles cambios a la secuencia de presentación de cada una de las puntas del “triángulo de las reformas”, la hoja de ruta acordada con el FMI necesitaba un espaldarazo en las urnas, algo que no siempre la gestión económica otorga. “El Congreso va a ser necesario para avanzar”, dice la última revisión del programa.
Ese nuevo Congreso que nacerá el próximo 10 de diciembre le depara a la Casa Rosada una Cámara de Diputados con mejores perspectivas que la actual. El Presidente necesitará al menos 25 diputados para complementar el bloque de 104 que sumarán los libertarios y sus aliados. Con esa cifra, el oficialismo podría tener quorum propio.
¿Dónde puede ir a buscar el Gobierno a los 25 diputados que necesita? El tablero del “centro” (ni libertario ni kirchnerista) contiene a unos 50 legisladores. Entre ellos se encuentran los del bloque de Miguel Pichetto, los del radicalismo, los de los gobernadores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y los exvioletas del MID y Coherencia.
En el Senado ocurre algo similar. La Libertad Avanza pasará a tener 24 bancas si se suman sus aliados. El peronismo conservará 28, lo que significa que no podrá activar por su propia cuenta la Cámara Alta.
Entonces, ambas fuerzas se disputarán los votos de los 20 senadores que terminan de conformar al Senado. Aun si Milei lograra reunir a todas las fuerzas provinciales, necesitará al menos dos radicales para aprobar su triángulo de reformas antes del fin de 2027.
