Con la nueva presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su condena en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner apunta, en lo inmediato, a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales del año que viene, en medio de la dura interna que atraviesa el peronismo.
Que se le levante la inhabilitación para poder competir en 2027 es lo que anunció que pide en una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional. Lo dio a conocer hoy Cristina Kirchner en sus redes sociales y los detalles de esta estrategia fueron ampliados luego en una conferencia de prensa liderada por su equipo de abogados, ahora fortalecido con el brasileño que defendió a Lula da Silva en un proceso similar, Rafael Valim, y el español Javier Borrego, también con experiencia en el terreno internacional.
“Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua”, contó Valim en una ronda abierta a periodistas. “Ese pedido cautelar es para que, de inmediato, el Comité suspenda hasta la decisión de fondo esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del propio comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas”, explicó.
Que ese y otros pedidos prosperen, como los relativos a sus condiciones de detención, dependerá de la acogida que reciba su planteo ante el Comité, que debe primero analizar la admisibilidad de la presentación y luego, eventualmente, pronunciarse sobre la cautelar. Más tiempo le llevaría emitir una resolución sobre el fondo de la cuestión, que para la expresidenta es la revisión total de la condena.
En el equipo de abogados de la expresidenta, la mirada está puesta en octubre, cuando, aseguran, se reunirá el Comité.
Con su pedido, que se dio a conocer hoy, pero fue formalizado semanas atrás, la expresidenta inaugura una nueva fase judicial en el caso Vialidad que abre un amplio arco hipotético cargado de interrogantes, que abarcan desde los tiempos del Comité hasta las consecuencias que podría tener en la Justicia local un eventual pronunciamiento favorable.
La resolución final del organismo adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El espejo en el que se mira la expresidenta es el caso de Lula da Silva en Brasil. La “comunicación individual” presentada por el actual presidente brasileño -en julio de 2016- fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión, al concluir que Brasil había violado derechos de Lula reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, el paralelismo tiene límites que el propio abogado brasileño Valim, que participó de aquel proceso, puntualizó hoy en la conferencia. Entre ellos, que, en el caso de Lula, las vías internas no estaban agotadas cuando se presentó la comunicación.
Además, el pronunciamiento favorable de la ONU sobrevino después de que la propia Justicia brasileña anulara la condena contra Lula.
Los argumentos esgrimidos por la defensa de Cristina Kirchner ante el Comité son reediciones de aquellos que se volcaron en todas las instancias de apelación de la causa, rechazados primero por la Casación, que revisó la condena, y luego por la Corte Suprema, que dejó firme la sentencia de 2022.
Pero hoy, en la carta publicada por la expresidenta, tomó fuerza otra idea: que la condena en su contra responde a una cuestión de género y al “machismo estructural” de la Justicia.
“¿Ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, planteó en su carta.
El argumento fue retomado hoy por el abogado español Borrego durante la conferencia de prensa. “¿Por qué esa hostilidad contra la doctora Kirchner? Porque es mujer”, sostuvo el abogado, que señaló que, a pesar de que en la Justicia argentina existe una importante presencia de mujeres, en las cuatro instancias judiciales por las que pasó la expresidenta no intervino ninguna jueza ni fiscal mujer.
“Lo importante era una condena que llevara consigo la inhabilitación. Porque lo importante es excluir a una mujer, dos veces presidente elegida, de una futura contienda electoral. Ese fue el objetivo”, sumó el abogado.
