LA PAZ.- El Congreso de Bolivia autorizó este martes al presidente Rodrigo Paz a desplegar las Fuerzas Armadas en las calles del país y le otorgó la facultad de declarar el estado de emergencia en medio de la crisis social y los bloqueos de carreteras que azotan al país del Altiplano.
La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados, donde se abrogó la Ley 1341, que regula los Estados de excepción, y pasó al poder Ejecutivo para su promulgación.
El Poder Legislativo tomó esta decisión en el inicio de la cuarta semana de protestas impulsadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales en rechazo de la política económica liberal del Gobierno. Además, exigen aumentos salariales y responsabilizan a la administración de Paz por la distribución de combustible de mala calidad que, según denunciaron, dañó miles de vehículos.
La norma recibió el apoyo de dos tercios de la Cámara baja, que sesionó de manera virtual. En las consideraciones, antes de la votación, cada diputado tuvo un media hora para justificar su voto, que fue nominal. Cada legislador expuso sus criterios respecto a la norma, tanto a favor como en contra.
Según informó el medio boliviano El Deber, la Cámara de Diputados se constituyó en cámara revisora ya que el Senado había dado el visto bueno del proyecto el pasado 24 de mayo.
Manolo Rojas, diputado del bloque del Partido Demócrata Cristiano (PDC), defendió la eliminación de la norma y sostuvo que el país atraviesa un momento de alta conflictividad que requiere una respuesta más firme del Estado.
“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, declaró el legislador luego de la votación.
A partir de la reconstrucción consignada por El Deber, la mayoría de los discursos de los diputados apuntaron a responsabilizar al expresidente Evo Morales como el principal articulador de la crisis que vive el país. Varios de los legisladores pidieron que, al margen de la ley, se defina de una vez la aprehensión del exmandatario.
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