La expansión y el abaratamiento del crédito están en el centro de la agenda del Gobierno. Con el objetivo de consolidar la reactivación del financiamiento al sector privado tras el pico de morosidad registrado en el último año, el Banco Central (BCRA) ultima los detalles de una batería de medidas diseñadas para flexibilizar las garantías, profundizar el mercado de capitales y mitigar el riesgo crediticio.
El plan de trabajo fue detallado recientemente por el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, ante inversores internacionales en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bangkok. En esa presentación, la autoridad monetaria explicitó un paquete de cinco iniciativas normativas que buscan mejorar las condiciones de acceso al financiamiento tanto para familias como para comercios y empresas.
Dentro del paquete de herramientas previstas, una de las novedades es la puesta en marcha del Sistema Federal de Garantías (SFG), que contempla la creación de un registro centralizado de bienes otorgados en garantía para préstamos prendarios y con colateral. La intención de esta plataforma es dotar de mayor transparencia al mercado colateral, reduciendo los riesgos de asimetría informativa para las entidades financieras y agilizando la creación de préstamos.
A la par del SFG, la estrategia técnica para el crédito a empresas y pymes incluye modificaciones operativas orientadas al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Estas entidades actualmente se encargan de otorgar avales para facilitar el acceso al crédito bancario a las pequeñas y medianas empresas. Si una pyme no puede cumplir con su pago, el Fondo de Riesgo responde por la deuda. Ahora, la estrategia del Central sería aumentar el límite de apalancamiento de los bancos.
El esquema desplegado ante inversores contempla también herramientas clave para el consumo minorista y los préstamos personales, como la implementación del código de descuento tanto para empleados del sector público como para el ámbito privado. Esta herramienta permite cobrar las cuotas de un crédito directamente de los ingresos del deudor.
Para los empleados públicos, la presentación señala que se eliminó el tope a la tasa de interés y que el código de descuento puede transferirse a otra institución habilitada. El cambio busca dar mayor seguridad a las carteras de préstamos transferidas y facilitar que las entidades consigan fondos para financiar nuevas operaciones.
En el caso de los trabajadores del sector privado, la propuesta consiste en centralizar a través de Coelsa los flujos de pago destinados a cancelar los créditos. La asignación de esos fondos quedaría en manos del empleado, sin generar nuevas tareas administrativas para el empleador. El esquema busca ordenar el mecanismo de cobro y facilitar la participación de distintas entidades financieras.
Por último, la quinta iniciativa fue pensada para los comerciantes. El Central quiere crear los cupones de crédito, un nuevo instrumento financiero para que los negocios puedan transformar las ventas con tarjeta de crédito en “cupones” negociables y transferibles. El instrumento tendría categoría de título ejecutivo, con oferta pública elegible para Fondos Comunes de Inversión abiertos, lo que le permitiría a los comerciantes acceder a tasas de financiamiento más bajas y contar con una alternativa para obtener mayor liquidez.
