Puesto así, el argumento parece pensado para ganar impopularidad: en el momento en que las tarifas de los servicios públicos se llevan una mayor parte de los salarios y las compañías de electricidad obtienen el margen de distribución más alto en 22 años, el Gobierno anticipa que prepara cortes rotativos voluntarios a industrias para el verano porque la oferta de energía no será suficiente.
El anuncio sorprendió a las propias generadoras, que tienen sus respectivas proyecciones sobre lo que va a pasar con la temperatura, la demanda, el parque de usinas disponibles y el agua en los embalses. Y a la oposición, que reaccionó en seguida con advertencias. “Ni un solo corte de luz con esta tarifas”, dijo Máximo Kirchner. Es difícil entender qué es lo que apuró a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, a pronosticar el domingo algo que tiene un alto componente fortuito y, más llamativo, con palabras que remiten a los apagones de Raúl Alfonsín o a lapsos menos recordados, como el mes de racionamiento eléctrico que Néstor Kirchner aplicó en 2004 sobre grandes usuarios o, en el invierno de 2007, los cortes rotativos a empresas durante 8 horas diarias de 69 días seguidos. ¿Está el Gobierno abriendo el paraguas? ¿Tienen un dato que el resto desconoce?
“No puedo creer que se compren un problema cuatro meses antes de que pase”, reaccionó el máximo ejecutivo de una compañía energética. Cuatro días antes, Daniel González, viceministro coordinador de Energía y Minería, había sido menos asertivo pese a que, aclaró, auguraba un verano difícil. “Nadie está pensando en cortes programados, quédense tranquilos”, contestó ante los periodistas, en la inauguración de un parque eólico de Pampa Energía, en Bahía Blanca.
La falta de coordinación sólo se explica en una interna evidente. Luis Caputo, ministro de Economía, no termina de confiar en Eduardo Rodríguez Chirillo, su secretario de Energía, y esa es la razón por la que designó hace dos meses a González como virtual gestor del área. El programa tarifario, que se había empezado a aplicar en febrero sólo con aumentos sobre la distribución y el transporte y casi no bajaba subsidios a la generación, tuvo desde entonces modificaciones: se frenaron por unos meses los incrementos y, cuando se retomaron, se hicieron sobre todos los segmentos e incluso los usuarios de menores ingresos. Ahí gravitó González.
Rodríguez Chirillo es un abogado que viene trabajando con Javier Milei desde la campaña. Entre sus antecedentes ha integrado equipos con Carlos Bastos, un especialista muy respetado en el sector, actual director de YPF, demiurgo de la privatización eléctrica en 1992 y, desde hace años, directivo de algunas empresas del holding energético de Daniel Vila y José Luis Manzano, muy cercano a Sergio Massa. La semana pasada, Vila, dueño de Edenor junto con Manzano y Mauricio Filiberti, explicó en una entrevista con Tomás Rebord las razones por las que había decidido no pagar una deuda de 180 millones de dólares que la distribuidora tiene con Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, por la energía que les compra a los generadores.
El argumento de Vila para no honrar el compromiso es que el Estado le debe a su vez a Edenor 1280 millones en concepto de tarifas previstas en el contrato de concesión. Algo que, dicho sea de paso, los gobiernos incumplen sistemáticamente desde 2007. Consultados, en la compañía admiten que ese pasivo incluye lo que tampoco pagaron administraciones anteriores. Pero es evidente que Vila esperaba un cronograma tarifario a mayor velocidad, algo que el Ministerio de Economía atenuó cuando vio que el aumento de febrero afectaba la inflación.
Sus palabras cayeron mal en el Gobierno. Entre otros motivos, porque el margen de distribución (un indicador que contempla ingresos versus costos de las empresas) nunca había estado tan alto en los últimos 22 años. Un trabajo de Gustavo Lopetegui, ex secretario de Energía durante la administración de Juntos por el Cambio, sobre los balances de las distribuidoras apunta que Edenor tuvo el segundo trimestre de este año 50% de margen. Muy por arriba del que llegó a tener en la mejor época de Macri (2018), cuando registraba un 46%, o incluso en la de Massa como ministro, con un 40% que después corroyó la inflación. Si Caputo hubiera cumplido con los aumentos mensuales que pide Vila, el margen de distribución que mide Lopetegui estaría hoy en un 58%. Por eso el reclamo molestó a los funcionarios: los dueños de Edenor, que le compraron la empresa en diciembre de 2020 a Marcelo Mindlin y lograron con Massa en el Ministerio de Economía renegociar la deuda en condiciones favorables, le exigen ahora a Caputo en nueve meses algo que Mindlin no consiguió en 12 años.
Para los malpensados será inevitable interpretarlo bajo una lógica política. Por lo pronto, porque el sinceramiento público de Vila coincide con un intento de rebelión que viene creciendo hace tiempo en distribuidoras más chicas. Uno de sus impulsores es Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que le prohibió con una resolución a Edelar, distribuidora provincial que preside su hijo Jerónimo, pagarle a Cammesa. El Gobierno le envió una carta documento, presentó un recurso en la Corte y espera el desenlace.
La Cooperativa de Villa Gesell, distrito gobernado por el peronista Gustavo Barrera, tiene desde hace años un reclamo similar. Pero obtuvo en marzo un amparo favorable del juzgado de Dolores que no sólo la autoriza a no pagar, sino que les da a otras empresas la prerrogativa de sumarse. Y así lo hicieron, por lo tanto, Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, la de Puerto Madryn, la Azul y la de Las Flores. Al ver que estudios de abogados recorrían compañías con la idea de transformar el amparo en uno colectivo, Cammesa apeló y logró que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata volviera a convertir el reclamo en individual. Es probable que todo termine en la Corte. Y hay situaciones parecidas en Orán, Salta, y San Miguel de Tucumán.
El Gobierno está entonces ante un riesgo. Si hay cortes en el verano, será difícil aplacar las quejas de los usuarios luego de los aumentos. Un trabajo del economista Julián Rojo dice que el presupuesto de una familia destinado a los servicios públicos está en el valor más alto en 22 años: en 5,9%, incluso por arriba del 5,6% de la época de Macri. Es probablemente lo que convenció a una asociación de usuarios de San Martín, Procurar, de ir la Justicia y obtener, en enero, un amparo del Juzgado Federal N° 1 de ese distrito en el que se le ordena a Cammesa abstenerse de cobrarle a Edenor y la insta a destinar esos recursos a obras y ampliación de la red. Si hay un espíritu malicioso intentando complicar la quita de subsidios, el bolsillo de los usuarios y el abastecimiento energético, todo al mismo tiempo y en una triple carambola, la estrategia parece bastante exitosa.