El Gobierno derogó tres resoluciones que regulaban el comercio y obligaban al sector privado a presentar documentación para trámites que “no se utilizaba para ningún fin razonable”. En un comunicado oficial, agregó que dicha burocracia significaba “un costo adicional de recursos para las empresas”.
La tríada de resoluciones derogadas incluía trámites sobre la producción de venta y existencias en el mercado interno y de exportación, la obligación de inscribirse en un registro especial para proveedores que quisieran canjear sus certificados de depósito para inversión (Cedin) y el imperativo de las compañías de telefonía móvil de informar todos los meses cuáles son los planes que ofrecen en cualquier modalidad de prestación del servicio.
Esta resolución “derogadora” fue publicada en el Boletín Oficial. De hecho, anuló las resoluciones 65, del 11 de mayo de 1990; la 62, del 26 de junio de 2013, y la 176, de 2014. Es decir, la “motosierra” desreguladora eliminó normativas que tenían hasta 34 años de antigüedad. La Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, describió en un comunicado que los datos solicitados al sector privado “no tenían ninguna utilidad para el desarrollo de políticas públicas”.
La resolución más vieja de las derogadas, la 65/1990, había sido dictada por la por entonces Subsecretaría de Industria y Comercio y “obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción, venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación”. Además, estipulaba que las empresas debían detallar una descripción de sus cinco clientes más importantes.
En tanto, la resolución 62, de 2013, implementada por la Secretaría de Comercio que estaba dirigida por Guillermo Moreno, fijaba que “los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los Cedines originados en la Ley 26.860 debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción”. Estos Cedines se utilizan como “medio de pago e instrumento financiero que se aplica en la realización de inversiones en el mercado inmobiliario y/o en proyectos de construcción de viviendas”.
A su vez, la tercera norma derogada, la 176, de 2014, que fue aplicada durante la gestión del sucesor de Moreno en la Secretaría de Comercio, Augusto Costa (actual ministro de Producción bonaerense), “obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio”.
De esta manera, el Gobierno suprimió una norma originada por el menemismo y otras dos por el kirchnerismo. Según el Ejecutivo, estas derogaciones eliminan “el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa”. El Gobierno ya eliminó 72 normativas de este estilo.
