La “Ley Micaela” establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías. La misma, fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y a partir de entonces los tres poderes del Estado provincial y municipal adhirieron a la normativa nacional poniendo en marcha distintos mecanismos para hacer efectiva dicha capacitación.
En este marco, el Gobierno de San Juan continúa con la implementación de diversas políticas públicas para el abordaje contra las violencias por motivos de género en todas sus formas, como también, la adecuada intervención frente a las mismas.
Según datos estadísticos de las evaluaciones rendidas de Ley Micaela online, brindados por la Dirección de Género dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, desde 2022 a la actualidad, en total rindieron 9.684 personas. En relación a los números de las capacitaciones presenciales dictadas desde la Dirección, desde 2022 a la actualidad, 499 personas accedieron a la capacitación presencial de la Ley Micaela.
Los/as destinatarios/as forman parte de la ex Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad y Áreas Mujer Municipal, Parque de la Biodiversidad – Secretaría de Ambiente, Dirección de Prevención de Delitos y Violencias – Secretaría de Seguridad y Orden Público, Encuentro de Mujeres Mutuales – Dirección de Mutuales, Defensoría del Pueblo, Beneficiarios/as de Programa Potenciar, Espacio universitario IDEAS, Correo Argentino, Instituto de Formación Docente – ISPE, Caja de Acción Social.
¿Quién era Micaela García?
Este viernes 9 de agosto, Micaela García cumpliría 29 años. Ella fue una joven de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, estudiante del profesorado en Educación Física y militante de los derechos de las mujeres. Su femicidio en el año 2017 puso en la agenda pública, mediática y estatal, las falencias en la intervención y abordaje de casos de violencia a causa de la ausencia de perspectiva de género.
De ese modo, puso en evidencia la inminente necesidad de capacitar en materia de género a las personas que cumplen funciones en el Estado argentino, en pos de construir políticas públicas integrales que enfrenten las desigualdades, las discriminaciones, las violencias contra las mujeres y las personas LGTBI+.
Su femicidio llevó, posteriormente, a la sanción de la llamada Ley Micaela, Ley N° 27.499, con adhesión provincial bajo la Ley 2007 – A, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y prevención de las violencias por razones de género para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado y que asumen el compromiso de trabajar día a día.
