Cada presidente y ministro con quien me reúno en América Latina y el Caribe me dicen lo mismo: la seguridad ciudadana se ha convertido en una de sus principales prioridades. Y, dentro de ese desafío, hay una preocupación que sobresale por encima de las demás: el crimen organizado.
Su mensaje refleja una realidad más amplia. El crimen organizado genera violencia y amenaza el bienestar de las comunidades. Pero también tiene profundas consecuencias para el desarrollo. Desalienta la inversión, debilita las instituciones y, en última instancia, limita el crecimiento y la creación de empleo. La seguridad ya no es solo una cuestión de aplicación de la ley. Se ha convertido en una de las condiciones esenciales para el desarrollo.
Porque el crimen organizado actúa de manera organizada y opera a través de las fronteras, nuestra respuesta también debe hacerlo: debe ser coordinada, organizada y transnacional.
Los datos también lo demuestran. América Latina y el Caribe representan apenas el 8% de la población mundial y, sin embargo, concentran un tercio de todos los homicidios del mundo. Casi la mitad de esos homicidios están vinculados al crimen organizado, mientras que el crimen y la violencia le cuestan a la región alrededor del 3,4% de su PIB cada año. Estas no son solo estadísticas de seguridad. Son estadísticas de desarrollo.
Porque el crimen organizado actúa de manera organizada y opera a través de las fronteras, nuestra respuesta también debe hacerlo: debe ser coordinada, organizada y transnacional.
Fue esa convicción la que dio origen, hace dos años, a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Hoy reúne a 23 países y 14 socios estratégicos, incluyendo Interpol, para fortalecer la cooperación regional, desarrollar soluciones prácticas y construir instituciones más sólidas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actúa como Secretaría Técnica de la Alianza, ayudando a los países a coordinar esfuerzos y a traducir prioridades compartidas en acciones concretas.
El año pasado, cuando nos reunimos en la Cumbre de Seguridad y Justicia en Buenos Aires, los países miembros acordaron que la Alianza debía pasar a la implementación. Nos comprometimos a movilizar US$2500 millones durante tres años para fortalecer la seguridad y la justicia. También lanzamos la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida para brindar a los países acceso oportuno a asistencia técnica especializada frente a desafíos emergentes de seguridad, y ampliamos la cooperación regional mediante herramientas prácticas y bienes públicos regionales que los países pueden desarrollar y utilizar conjuntamente.
Un año después, la cartera operativa del BID ya alcanza los US$1420 millones, lo que representa el 57% de la meta de tres años anunciada apenas el año pasado. Los proyectos avanzan en Argentina, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Brasil y otros países, demostrando que la cooperación regional se está traduciendo en acciones concretas.
Pero el financiamiento cuenta solo una parte de la historia. La Alianza está ayudando a los países a cooperar de maneras que habrían sido difíciles de lograr de forma individual. Hay avances concretos: (i) un sistema regional de intercambio de antecedentes penales, inspirado en su sistema equivalente europeo, que permitirá a los países intercambiar de manera segura antecedentes penales directamente a través de las fronteras, sustituyendo un proceso lento y basado en documentos en papel por una cooperación más ágil y eficaz; (ii) sistemas regionales de recuperación de activos que ayudan a los países a identificar, recuperar, administrar y devolver activos de origen criminal; y (iii) un nuevo observatorio regional que fortalecerá la capacidad de los países para generar y compartir datos y conocimiento sobre el crimen organizado. Estas iniciativas constituyen bienes públicos regionales que ningún país podría desarrollar por sí solo.
También estamos desplegando la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida, que brinda a los países acceso inmediato a asistencia técnica especializada para responder a desafíos urgentes en materia de seguridad y justicia, y que ya ha apoyado a Perú, Jamaica, Guatemala y Brasil. Estos esfuerzos fortalecen las instituciones y crean herramientas prácticas para responder a desafíos complejos en materia de seguridad y justicia.
Esta semana nos reunimos nuevamente en Brasilia para dar el siguiente paso. Durante los días, 5 y 6 de agosto, ministros, fiscales, autoridades policiales, organizaciones internacionales, académicos y socios para el desarrollo trabajarán juntos para fortalecer la cooperación en torno a los tres pilares de la Alianza y promover soluciones prácticas a desafíos que ningún país puede resolver por sí solo, desde el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios hasta la interrupción de los mercados ilícitos y las redes financieras del crimen organizado. También anunciaremos una nueva meta de movilización de recursos. Sobre la sólida base que hemos construido, ahora nos proponemos llegar aún más lejos, junto con nuevas iniciativas y alianzas que fortalecerán la Alianza y ampliarán nuestra capacidad colectiva para apoyar a los países en su lucha contra el crimen organizado.
Construir una respuesta regional frente al crimen organizado no es responsabilidad de un solo país ni de una sola institución. Requiere una cooperación sostenida, instituciones más sólidas y un compromiso compartido con la acción. Los avances alcanzados en los últimos dos años demuestran que este enfoque está dando resultados.
Presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo
