El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó hoy a penas de entre tres y siete años de prisión a los doce acusados del caso TT Cargo, el primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “mafia de los contenedores”, por el contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela desde China que ingresaban al país declarados como carbonato de calcio.
El tribunal, integrado por Jorge Alejandro Zabala , Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.
Las penas más altas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, por 32 hechos y en el de Zaragoza, por 31.
Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años de prisión, la misma pena que recibió Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin fue condenado a cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, a cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, a cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, a cuatro años. María José y María Gimena Zaragoza, hijas de José María Zaragoza, recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.
El tribunal condenó además a las dos personas jurídicas imputadas, TT Cargo SA y Cuiper SA, a las que impuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
También ordenó el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor destapó la maniobra y del dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, en Tacuarí 237, en el centro porteño.
Todos los condenados quedaron alcanzados por la pérdida de concesiones y regímenes especiales, la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y las inhabilitaciones absolutas para desempeñarse en la función pública, que van de seis a catorce años según el caso.
Según la acusación que sostuvo en el juicio el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General de Juicio N° 2 ante los tribunales orales en lo penal económico, la organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros.
En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba como textil, mientras que en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.
La diferencia impositiva era significativa pues un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles y el carbonato de calcio apenas unos miles. La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses, aunque otras estimaciones del expediente lo elevan sustancialmente por encima de esa cifra.
La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión, durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques, y decidió interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.
Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir. Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.
La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano, como desprendimiento del expediente principal, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.
En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión —el máximo, para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero— y advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate.
El tribunal, finalmente, fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años y Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, seis. La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas.
