El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado hoy a cinco años de prisión por haber cobrado sobornos y haber defraudado al Estado en el juicio por el caso Skanska, que es la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, por coimas en el proceso de ampliación de un gasoducto.
La misma pena le impuso el tribunal a José López, exsecretario de Obras Públicas, también por los delitos de cohecho pasivo y defraudación al Estado. Tanto De Vido como López siguieron la lectura del veredicto por Zoom. De Vido, desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria por su estado de salud; López, desde la cárcel.
De Vido ya arrastra cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de Once. Es por ese caso que cumple prisión domiciliaria en un barrio cerrado de Zárate.
El tribunal dispuso el decomiso de 48 millones de pesos actualizables desde 2005. Son 34 millones de pesos por el monto del cohecho y 14 millones por el fraude al Estado.
Pecom compró los activos de la empresa Skanska el 1 de agosto de 2015. En la sentencia mencionaron que la firma será notificada una vez que quede firme el fallo para que se ejecute el decomiso. Seguramente habrá incidentes y apelaciones para discutir el monto.
El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal N° 4. Esta última votó en disidencia sobre la calificación y el monto de las penas.
Para la magistrada, los condenados fueron culpables, pero del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y no de cohecho. Se trata de dos figuras penales que prevén la misma pena de prisión (uno a seis años), pero el delito de negociaciones incompatibles reprime al funcionario que se haya interesado en un asunto en favor de alguien, por ejemplo, en el resultado de la licitación en favor de Skanska.
A diferencia de sus colegas, López Iñiguez consideró además que no hubo fraude, porque un peritaje de la Corte determinó que no hubo sobreprecios.
Junto a López y De Vido fueron condenados altos directivos de Skanska. Los fundamentos del fallo se informarán el 22 de septiembre próximo, según dijo hoy el tribunal.
López y De Vido eran los máximos responsables de la obra pública en el período bajo investigación. Para ellos, la fiscalía había pedido la misma pena que el tribunal les impuso: cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.
Las otras condenas
La lista de los condenados incluyó a Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos, a quien le impusieron un castigo de cinco años de prisión por cohecho pasivo; Mario Piantoni, máximo responsable de la empresa Skanska en la región, que recibió una pena de cuatro años de prisión por cohecho activo; Javier Azcárate -que era gerente comercial- y Gustavo Vago -presidente de la empresa en el país-, con condenas a cuatro años cada uno, y los exdirectivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Alfredo Grecco y Roberto Zareba, que recibieron penas de tres años de ejecución condicional.
En cambio, para los otros 17 enjuiciados, la fiscalía había pedido la absolución.
El fiscal Abel Córdoba ubicó a De Vido y López como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos.
Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
La historia del caso
El caso comenzó hace casi dos décadas, tras una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil. En ella se relataban las sospechas que tenían en la Justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.
Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
Sin embargo, la marcha de la causa se frenó en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas, que por entonces no incluían a López y De Vido.
Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso. La Cámara de Casación avaló como prueba una grabación en la que un gerente de Skanska confesaba el pago de sobornos, grabación que la Sala I de la Cámara Federal había declarado nula en mayo de 2009. Como consecuencia de esa declaración de nulidad, el entonces juez Norberto Oyarbide había sobreseído a quienes entonces estaban complicados en el caso.
En el audio en cuestión, Azcárate, alto directivo de Skanska, admitía ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país.
Reconoció además el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señala Azcárate en la grabación. “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, dice en otro de los tramos, y también: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
El audio había sido grabado sin que Azcárate lo supiera, como parte de una auditoría interna de la empresa Skanska. Por eso, se había rechazado como prueba. Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.
