MADRID (AFP).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos —figura clave en el ascenso del presidente del gobierno español Pedro Sánchez— fue condenado este lunes a 24 años y tres meses de prisión por corrupción, según informó la Justicia en un fallo de impacto político en la recta final de la legislatura.
El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, del total de la pena solo tendrá que cumplir un máximo de 16 años y medio.
Según consignó El País, el exasesor ministerial, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama también fueron condenados en la misma causa, a 19 años y ocho meses y cuatro años y medio, respectivamente. El Tribunal Supremo eximió al empresario de ir a la cárcel si cumple una serie de requisitos: no volver a delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer trabajos en beneficio de la comunidad.
El juicio que condenó a Ábalos constó de 14 sesiones en las que testificaron más de 70 personas, entre las que se incluyen funcionarios públicos, empresarios, peritos, guardias civiles y allegados de los acusados. El exministro recibió la condena por videollamada desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid, donde permanece en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.
Las defensas de Ábalos y García pidieron la absolución y acusaron la falta de pruebas contra ellos, mientras que la de Aldama —para quien el Tribunal sólo reclamó siete años de cárcel al aplicarle la atenuante de confesión— solicitó una mayor rebaja de pena y defendió la relevancia de su colaboración.
El “caso Koldo”, como se lo conoce, puso en una situación crítica al gobierno español y solo se llevó por delante la carrera de Kaldo, antes primer secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez, sino también la de su sucesor, Santos Cerdán.
Crisis política
Mientras tanto, Sánchez se enfrenta a la causa que involucra a su esposa, Begoña Gómez. En los últimos días, el tribunal español ordenó que la mujer sea juzgada por corrupción y le impuso una serie de medidas cautelares, entre ellas el retiro del pasaporte para impedirle salir del país.
La decisión del juez instructor de Madrid, Juan Carlos Peinado, ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del mandatario de izquierda, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría.
El caso de la primera dama gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.
El juez encargado del caso ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.
El tribunal señaló que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución. El auto judicial no fijó una fecha para la celebración del juicio.
En el último mes también se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.
