A medida que San Juan se encamina hacia una nueva etapa de expansión minera, con proyectos de gran escala que avanzan hacia la producción, también crece un desafío clave para el Estado: garantizar los controles en operaciones ubicadas a cientos de kilómetros de los centros urbanos y en algunos de los puntos más remotos de la cordillera.
En ese contexto, la Policía Minera ya trabaja en la planificación de un nuevo esquema de fiscalización que combine la presencia en terreno con herramientas tecnológicas que permitan monitorear la actividad de manera más eficiente y en tiempo real.
Actualmente, el organismo desarrolla tareas de fiscalización, seguimiento y control en todos los establecimientos y proyectos mineros de la provincia, independientemente de su tamaño o del mineral que extraigan. El objetivo es verificar el cumplimiento de la legislación ambiental minera, supervisar el grado de avance de los requerimientos establecidos en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y controlar que las observaciones realizadas durante las inspecciones sean resueltas dentro de los plazos fijados.
Desde el área detallaron que la metodología de inspección es la misma tanto para proyectos de exploración como para minas metalíferas, productores de cal o explotaciones de otros minerales. Es así que existen diferencias vinculadas a la dimensión de cada emprendimiento.
En las empresas de mayor escala, donde suelen existir equipos técnicos y profesionales especializados, la exigencia se centra en la aplicación inmediata de la normativa ambiental minera y de seguridad e higiene laboral. En las explotaciones más pequeñas, en cambio, la fiscalización se complementa con un trabajo de acompañamiento al productor para mejorar las condiciones de aprovechamiento de los recursos y reforzar la seguridad de las operaciones.
Pero el escenario que se proyecta para los próximos años obliga a mirar más allá de los controles tradicionales. Con varias minas de gran porte proyectadas a futuro, la Policía Minera considera necesario evolucionar desde un modelo basado principalmente en inspecciones presenciales y revisión administrativa hacia otro con un fuerte apoyo tecnológico.
La apuesta apunta a que la comunicación permanente y el envío de datos técnicos en línea se conviertan en herramientas centrales para el monitoreo de las operaciones mineras. La distancia de los yacimientos, las condiciones geográficas y la mayor complejidad de los proyectos hacen que la incorporación de tecnología aparezca como una necesidad para sostener el nivel de control.
En ese sentido, el organismo ya cuenta con movilidades equipadas para operar en alta montaña y en terrenos de difícil acceso, además de sistemas de comunicación permanente. También dispone de cámaras con transmisión continua instaladas en puntos estratégicos de minas en producción, una herramienta que permite ampliar la capacidad de seguimiento sobre determinadas actividades.
El desafío, hacia adelante, pasa por combinar la presencia en terreno con sistemas que permitan mantener una supervisión más constante sobre emprendimientos cada vez más grandes y geográficamente más dispersos dentro de la cordillera sanjuanina.
