En su segundo año de gestión, el Gobierno aplicó su motosierra de forma selectiva, tras implementar un recorte de casi el 30% en el gasto acumulado en 2024. En el primer semestre de este año, el total de desembolsos muestra un crecimiento “marginal” (se expandió 2,9%, al ajustar por inflación), con algunos rubros sobre los que sigue recayendo el ajuste.
Subsidios al transporte y las tarifas, salarios de trabajadores del sector público y transferencias para obras de capital son tres de los rubros que continuaron con recortes, según un análisis de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) sobre las cuentas de la Administración Pública Nacional, que explica algo más del 90% de la dinámica del gasto del sector público (no comprende organismos descentralizados y empresas públicas).
De acuerdo con este informe, el gasto primario en el semestre acumula una expansión del 2,9% (ajustada por inflación), con la mayoría de los segmentos que se expanden tras el fuerte ajuste aplicado en 2024. En ese escenario, los rubros anteriormente mencionados muestran una evolución en negativo y son, hasta acá, los pilares de la baja en el gasto sobre los cuales el Gobierno espera cumplir con un superávit del 1,6% del PBI.
En los primeros seis meses del año, siguió cayendo el gasto en transferencias de capital (obra pública), con una contracción interanual del 64,8%. Si se compara frente al primer semestre de 2023, la caída en este rubro es del 92,6%, es decir, a lo largo de 2025 fue prácticamente nulo.
Las remuneraciones del sector público es otro de los rubros de mayor ajuste, en un contexto donde se combinan despidos en diferentes dependencias y ajustes salariales que pierden con la inflación. Según los datos de ASAP, esa línea del gasto se contrajo 9,6% en el primer semestre de este año, y acumula una caída del 24,4% con respecto a igual período de 2023, el último año de la gestión de Alberto Fernández.
El tercer rubro que muestra caídas es el de las transferencias corrientes al sector privado, que contempla factores como los subsidios a la energía, el transporte y otros servicios públicos. Según ASAP, el Gobierno aplicó un ajuste del 17,8% en el primer semestre de este año, y un acumulado del 36,7% en comparación con 2023.
Similar es la tendencia en el segmento “Resto de transferencias corrientes”, que excluye los fondos directamente asignados a universidades o provincias: según ASAP, la contracción este año es del 21,1%, y acumula un ajuste del 51,4% frente a 2023.
De acuerdo a los autores del informe, en estos números también impacta la licuación del bono a las jubilaciones, que está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, pese a la inflación acumulada en el período. De hecho, una de las iniciativas aprobadas en Diputados propone llevar ese bono a $110.000, para recuperar parte de su poder adquisitivo, que según cálculos de la OPC tendría un impacto fiscal de alrededor del 0,15% del PBI este año.
Estos recortes representan la continuidad del ajuste, en un año en el que la motosierra oficial suavizó su recorrido: el Gobierno aplicó gran parte del recorte del gasto en el primer semestre del año pasado, en un escenario de aceleración inflacionaria que le permitió licuar partidas en diferentes programas y áreas del Estado nacional. En 2025, la política oficial mantiene como prioridad su meta de superávit (“Nadie duda del compromiso fiscal que tiene este Gobierno”, suele repetir el ministro Luis Caputo), pero muestra holgura para algunos rubros que crecen.
Uno de ellos es el de las prestaciones a la seguridad, que comprende jubilaciones y asignaciones sociales. Los números de ASAP muestran que en el primer semestre de 2024 este segmento tiene un crecimiento ajustado por inflación del 21,7%, aunque es un 10,8% inferior al acumulado en los primeros seis meses de 2023. Desde la entidad explican que este movimientos se da por el bajo nivel de gasto que quedó en el primer semestre del año pasado, cuando por decreto el presidente Milei modificó la fórmula de ajuste previsional y estableció un esquema de suba asociado por IPC (dos meses hacia atrás), más un ajuste extra del 12,5% para compensar la inflación de enero (que perdió frente al 20,6% de inflación).
En el caso de las transferencias a universidades, el ajuste parece haberse concentrado en 2024. Los números muestran que el gasto en este rubro se movió en línea con el promedio general, y en el primer semestre del año se expandió un 3%, ajustado por inflación. De todas maneras, los desembolsos en 2025 son un 28,6% inferiores a los acumulados en el primer semestre de 2023.
En ese escenario, el Gobierno cerró el primer semestre con un resultado superavitario. Según los números de ASAP, el acumulado fue positivo en $6,73 billones (primario). Si se computa el pago de intereses de deuda, el superávit financiero fue de $1,64 billones. En ambos casos, no se considera el ingreso extraordinario que obtuvo el Tesoro por la renta de las utilidades del BCRA (fueron $11,7 billones girados por la entidad monetaria).
