SAN JOSÉ.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el miércoles una cárcel de máxima seguridad inspirada en las políticas penitenciarias de mano dura de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en busca de dar un giro al combate contra la criminalidad que ha transformado al país centroamericano.
En el pasillo de uno de los módulos del flamante Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), entre hileras de celdas, Fernández presentó la cárcel como muestra de su “mano dura” contra los criminales, sobre todo del narcotráfico que disparó la violencia en este país que fue por décadas uno de los más seguros de América Latina.
“Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional (…) Vamos a ejercer mano dura porque ‘el que la hace la paga’”, subrayó la mandataria, una entusiasta de la política de seguridad de Bukele.
“El CACCO hará que los delincuentes se enfrenten a un nuevo modelo, un modelo de mano dura. Costa Rica será referente mundial de la seguridad penitenciaria”, agregó Fernández en el discurso de inauguración.
Con una inversión de alrededor de 33 millones de dólares, el Ejecutivo costarricense construyó desde enero el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada dentro de un complejo de cárceles en San Rafael de Alajuela, a unos 17 kilómetros al noroeste de la capital San José.
La cárcel, con una capacidad de hasta 5100 prisioneros, el 20% de la actual población carcelaria del país, fue posible gracias a la cooperación técnica salvadoreña. En la megacárcel, los presos solo tendrán una hora de sol al día, no podrán tener objetos personales, llevarán uniformes naranja y tendrán un régimen muy restringido de visitas.
La mandataria anunció que el viernes irá a El Salvador a conocer la megacárcel CECOT. “Quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal”, dijo Fernández en la actividad a la asistieron los ministros salvadoreños Gustavo Villatoro, de Seguridad, y René Merino, de Defensa.
La utilidad de la nueva prisión, la más grande del país, dependerá de que se dicten más condenas y más órdenes de prisión desde el Poder Judicial, con el cual el oficialismo mantiene una fuerte confrontación y lo acusa de negligencia y corrupción. Autoridades judiciales han negado las acusaciones y denunciado significativos recortes presupuestarios para este año y 2027, además de señalar rasgos autoritarios del movimiento oficialista que lidera el expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.
El sistema judicial ha aumentado las condenas y ha enviado a más de 5000 personas a la cárcel en los últimos cinco años, según reconoció en septiembre ante diputados el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar. Pero esas resoluciones judiciales aumentaron el hacinamiento en las prisiones hasta el 59% actual. El miércoles, en la inauguración, dijo que los primeros traslados a la nueva cárcel serán a finales de octubre.
Las instalaciones del CACCO están diseñadas para garantizar el aislamiento de los criminales, dijo Aguilar al mencionar similitudes de esta prisión con el CECOT salvadoreño.
La megacárcel de El Salvador es el símbolo de las políticas de Bukele, quien ha logrado reducir la violencia en el país en medio de cuestionamientos de organismos internacionales por detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso, muertes bajo custodia y una concentración de poder que erosiona los contrapesos democráticos.
Fernández aseguró que respetará los derechos humanos y, en un abierto enfrentamiento con el poder judicial, arremetió contra jueces y fiscales que, según ella, son blandos con los delincuentes.
Opositores y activistas sociales critican que Costa Rica, con fama internacional de respeto a derechos humanos, imite el modelo de seguridad salvadoreño que según un grupo de expertos de la ONU ha derivado en crímenes de lesa humanidad.
La presidenta de Costa Rica anunció el miércoles que su país se suma a la lista de naciones que se adhieren a la declaratoria estadounidense de designar como organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Noreste, entre otros, así como a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Costa Rica, considerada durante décadas uno de los países más seguros de América Latina, ha enfrentado en los últimos años un fuerte aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. El país registró niveles récord de homicidios en 2023, aunque las cifras se han estabilizado desde entonces. Las autoridades atribuyen la mayoría de los asesinatos a disputas entre bandas por rutas y mercados de drogas.
Fernández, quien asumió el cargo en mayo, dijo en una reciente entrevista con Reuters que las operaciones terrestres de fuerzas estadounidenses en territorio costarricense “le harían muy bien a la seguridad nacional”, aunque por ahora la cooperación de Washington se centra en investigaciones conjuntas, patrullaje en aguas costarricenses y extradiciones.
