BOGOTÁ.– El gobierno colombiano autorizó este lunes un protocolo para practicar la eutanasia a unos 80 hipopótamos, en un nuevo intento por controlar la reproducción de estos animales, descendientes de los ejemplares introducidos de forma ilegal por el capo de la droga Pablo Escobar en la década de 1980.
La medida, debatida durante años, vuelve a encender la polémica. En particular, genera rechazo en la comunidad de Puerto Triunfo, donde se encuentra la Hacienda Nápoles —propiedad de Escobar—, hoy convertida en un atractivo turístico al que llegan cientos de visitantes para ver a los hipopótamos. El narcotraficante murió en 1993, abatido por la policía colombiana.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, firmó un documento oficial con lineamientos para la coordinación institucional en el manejo y control de la especie. En una rueda de prensa explicó que las medidas se implementarán en el segundo semestre del año, cuando ya haya asumido el nuevo presidente, el 7 de agosto.
Según el ministerio, la caza será una herramienta de última instancia y “solo procederá cuando las alternativas no letales no resulten viables”.
La decisión fue cuestionada por la senadora Andrea Padilla, quien la calificó en la red social X como una “matanza de criaturas saludables”, “víctimas” —dijo— de la “negligencia” estatal. Además, pidió priorizar métodos que no impliquen el sacrificio.
El plan contempla dos modalidades: la eutanasia química y la física. La primera se realizará mediante inyección, mientras que la segunda implicará el uso de rifles por parte de tiradores certificados, según detalló el ministerio.
En el caso de la eutanasia química, los equipos deberán atraer a los animales con alimento hacia un corral. Allí se les aplicará un dardo tranquilizante para inmovilizarlos y, posteriormente, el fármaco que provocará la muerte.
La eutanasia física, en cambio, requerirá rifles de largo alcance y alta potencia —debido al grosor de la piel de los hipopótamos— con el objetivo de garantizar el menor sufrimiento posible. El protocolo indica que el disparo debe dirigirse “directamente a la cabeza”, de modo que el proyectil penetre el cráneo y cause un daño cerebral inmediato, produciendo insensibilización, conmoción irreversible y la muerte.
En cuanto a la disposición final de los cadáveres, se recomienda el enterramiento en fosas de hasta cuatro metros de profundidad. Como alternativa, se contempla la cremación.
En paralelo, el gobierno continuará explorando el traslado de ejemplares a países dispuestos a recibirlos en zoológicos o santuarios, una iniciativa impulsada desde 2023 que hasta ahora no ha tenido resultados positivos.
Ese mismo año comenzaron también los programas de esterilización, un procedimiento complejo y costoso —unos 9800 dólares por animal— que además conlleva riesgos, como la muerte durante la intervención o reacciones adversas a la anestesia. Mientras tanto, el traslado y la eutanasia permanecían como opciones pendientes a la espera de un protocolo, ahora aprobado.
Vélez advirtió que, sin medidas de control, la población podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030, con impacto sobre los ecosistemas y especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Colombia declaró a estos mamíferos herbívoros como especie exótica invasora.
Sin depredadores naturales en el país y con ejemplares que pueden pesar hasta tres toneladas, los hipopótamos se expanden cada vez más a lo largo del río Magdalena. Las autoridades temen que su presencia se extienda a nuevas regiones.
En los últimos meses, incluso, algunos animales han salido del agua y deambulado por calles de Puerto Triunfo o por carreteras cercanas, como ocurrió a fines de marzo, según videos difundidos por vecinos en redes sociales.
El ministerio destinará hasta 1,7 millones de dólares al plan. Con ese presupuesto, Vélez estimó que podría aplicarse la eutanasia a al menos 80 ejemplares.
El debate no es nuevo. Aún persiste en la memoria colectiva el caso de “Pepe”, un hipopótamo que escapó de la Hacienda Nápoles y fue abatido a tiros en 2009 por francotiradores de una fundación privada, un episodio que desató una fuerte reacción de organizaciones ambientalistas.
Agencia AP
