BOGOTÁ.– Sindicatos y sectores de la oposición al gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se movilizaron el miércoles por las calles de Bogotá y de otras ciudades del país para manifestar su descontento por las políticas del nuevo gobierno de derecha que consideran regresivas en temas sociales.
El expresidente Gustavo Petro, quien terminó su mandato en agosto, convocó a manifestarse alegando que De la Espriella ha dado señales de buscar reducir el salario mínimo, lo que a su juicio provocaría un incremento de la pobreza.
La marcha también fue convocada por algunos sindicatos, incluido el de maestros, contra políticas de De la Espriella que “modifican decretos para precarizar el trabajo decente, privatizar la educación y limitar el derecho a la protesta”, indicó la víspera en un comunicado la Central Unitaria de Trabajadores.
Este será el primer gran pulso en las calles para De la Espriella, quien ha dicho que no tolerará desmanes y que la víspera publicó un decreto que modifica el protocolo del uso de la fuerza por parte de la policía durante las protestas.
La nueva norma permitirá la intervención policial sin agotar necesariamente el diálogo, según el decreto. A su vez indica que puede retomarse el diálogo después del empleo de la fuerza, siempre que las “acciones violentas” hayan cesado.
El gobierno argumenta que con las modificaciones en el protocolo busca garantizar los derechos de quienes participan en la protesta de manera pacífica.
“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos”, aseguró De la Espriella el martes en X.
“A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso”, agregó, respecto a la nueva normativa cuyas modificaciones advierten, entre otras, que cualquier acto de violencia dentro de manifestaciones públicas acaba con el diálogo y se autoriza el uso de la fuerza policial.
Las preocupaciones en la calle
Apenas dos meses después de haber asumido el poder, De la Espriella enfrenta diversas críticas: la oposición ve amenazados los derechos humanos por sus políticas de mano dura contra el narcotráfico; rechaza el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel –rotas durante el mandato de Petro– y los acercamientos con Estados Unidos que considera un riesgo para la soberanía.
“Me he sentido vulnerable, he sentido que no tenemos ningunas garantías y que lo poco que hemos logrado (…) estamos a punto de perderlo”, dijo a la AFP Ester Guerra, una profesora de escuela de 32 años en una concentración en Bogotá.
Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, amplió el acceso gratuito a la universidad pública, hizo aumentos récord del salario mínimo y dio beneficios para los trabajadores como el pago adicional por horas nocturnas.
La modificación del protocolo para las fuerzas generó especial preocupación en los movimientos sociales y sectores de izquierda que temen un uso excesivo de la fuerza y recuerdan la violencia registrada en las multitudinarias protestas de 2021 en las que algunos miembros de la fuerza pública resultaron implicados en lesiones y muertes de manifestantes.
La congresista Jennifer Pedraza, crítica del gobierno, demandó el decreto ante el Consejo de Estado –el máximo tribunal de la administración pública– pidiendo que se anule por considerarlo “regresivo e inconstitucional”.
“Hay mucha frustración, los ánimos están caldeándose y esta es una de las manifestaciones de que la oposición es una gran parte del país”, dice Samuel Molina, un estudiante de 20 años en Bogotá.
Mientras cientos se concentraban en el centro de Bogotá, el tráfico de la capital lucía tranquilo ante el llamado a teletrabajar por parte de compañías y la suspensión de clases en algunos colegios.
En esta jornada, además, las comunidades indígenas protestan contra un proyecto de regulación de la guardia indígena, una entidad civil de defensa de los territorios ancestrales que opera en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
“Prácticamente no gobierna para los pueblos indígenas (…) no nos representa”, dijo José Joy Martenorio, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca, una región controlada por guerrillas y narcotraficantes.
De la Espriella también es cuestionado por una supuesta falta de transparencia con el manejo de fondos por parte de su esposa, encargada de las ayudas de privados para la atención de los damnificados del grave sismo que sacudió el oeste del país el 10 de agosto.
Agencias AP y AFP
