En menos de siete días, en dos tradicionales clubes del fútbol argentino, se repitió el mismo patrón con una permisividad que asusta: grupos de barrabravas irrumpieron en instalaciones deportivas, rodearon a los jugadores, los interrogaron, exigieron decisiones y dejaron sentada una amenaza. Lo hicieron con una naturalidad que delata total impunidad.
Tras la derrota ante Huracán, unos 50 integrantes de la barra brava de San Lorenzo ingresaron sin obstáculos al club e interrumpieron el entrenamiento. No se limitaron a reclamar: dividieron al plantel en grupos, confrontaron al capitán, Nicolás Tripichio, pidieron una lista de jugadores que no deberían seguir y dejaron la advertencia explícita: “Esta vez vinimos a conversar, la próxima no venimos a charlar”.
Lo más inquietante no fue solo la irrupción, sino la reacción institucional. El propio director técnico de San Lorenzo, Néstor Gorosito, minimizó el hecho diciendo que “hablaron muy bien con nosotros”, como si entrar a un campo de entrenamiento a exigir quién juega y quién no fuera un acto de total normalidad. No hubo denuncias penales, ni sanciones del club y la intimidación se disfrazó de “reclamo legítimo”.
Por otra parte, horas antes de perder ante Banfield, integrantes de la barra de Racing también se hicieron presentes en el predio para presionar al plantel y al cuerpo técnico que dirige Juan Pablo Vojvoda. El club, presidido por Diego Milito, no emitió ningún comunicado que diera cuenta de medidas ni de rechazo a la intromisión.
En ambos casos, el mecanismo fue idéntico: malos resultados y posterior ingreso sin autorización, intimidación directa a los futbolistas, exigencia de cambios, amenaza velada o explícita y silencio o justificación de la dirigencia. El eufemismo de moda es que “vinieron en buenos términos”. Sin embargo, los mafiosos no dialogan, amenazan.
Estos grupos no son simpatizantes apasionados, sino verdaderas lacras enquistadas en la mayoría de los clubes que configuran un poder paralelo y se financian con oscuros negocios como la reventa ilegal de entradas.
El caso de Patronato de Paraná, donde jugadores fueron golpeados y amenazados con armas tras una derrota, demuestra que esto ya no es un problema de unos pocos clubes grandes. Es un fenómeno extendido: la violencia que empezó fuera de los estadios hoy entra hasta a los vestuarios.
Los futbolistas, que deberían ser protegidos por el club, quedan expuestos y solos, porque muchos dirigentes prefieren contemporizar antes que enfrentar a quienes pueden convertir una derrota deportiva en una crisis institucional.
Si se permite que quienes controlan las tribunas amenacen y decidan también las alineaciones, los clubes serán extorsionados y los jugadores rehenes, transformando una fiesta deportiva en un salvaje territorio de violencia.
La solución no es simple. Exige que las autoridades dejen de mirar para otro lado; que la AFA aplique sanciones ejemplares a las instituciones que no protejan a su gente; que la Justicia investigue estas irrupciones como lo que son: intimidación y asociación ilícita. Y, finalmente, dejar de llamar “aguante” a lo que es delincuencia.
