La causa que investiga hechos de espionaje ilegal contra jueces de la Corte, otros magistrados y funcionarios se reactivó hoy con las citaciones a prestar declaración indagatoria al espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, a un hacker misionero ligado a las maniobras y a un tercer acusado.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó la investigación y la encuadró en una presunta asociación ilícita.
Los citados son Zanchetta, Ezequiel Nuñes Pinheiro y un nuevo sospechoso: el joven que creó el sitio Dark PFA, el sitio desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera. Se podían conocer así las líneas telefónicas contratadas a nombre de los espiados.
Fuentes judiciales precisaron que las indagatorias fueron fijadas para los próximos días: Zanchetta declarará el 17 de junio; Nuñes Pinheiro, el 19, y Tomás Patricio Hválica, el 24 de junio próximo. Las audiencias serán por Zoom.
Martínez De Giorgi instó mediante un oficio al jefe de la División Análisis de Evidencia Digital Forense del Departamento Forensia Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina a que “con carácter urgente proceda a la producción del análisis del contenido de los elementos remanentes pendientes de estudio” vinculados con la causa y dictó una serie de pautas para profundizar el estudio de ese material.
En ese marco, el juez anotició a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, el avance de su expediente por asociación ilícita y le pidió detalles de su causa, donde pretende firmar un acuerdo de juicio abreviado con uno de los acusados. Fue ese acuerdo el que precipitó las indagatorias.
Es que Martínez había enviado el viernes pasado un mail al juzgado de Martínez De Giorgi pidiendo “certificar” (conocer) su causa, con vistas a sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos y de la privacidad e irrupción en las comunicaciones.
El acuerdo de conciliación, según confirmó la defensa, estaba fijado para hoy e implicaría la devolución de cualquier prueba que pueda existir secuestrada en el expediente.
Martínez De Giorgi le informó a su par porteña que Pinheiro fue procesado por los delitos de espionaje, interrupción de las comunicaciones, estafa y acceso ilegítimo a datos personales.
Se convirtió su procesamiento en prisión preventiva y se ordenó trabar embargo sobre sus bienes, decisión que fue homologada por Cámara Federal y está firme.
Excarcelado desde abril del 2024, el juez también le informó que las pruebas lo ligaban a una presunta asociación ilícita y estaba citado a indagatoria.
“La causa se encuentra en trámite”, le recordó, pidiendo detalles del expediente que tramita en el fuero local. Le preguntó qué medidas se dispusieron y quiénes son las víctimas en ese caso “previo a la adopción de cualquier decisión de mérito que pueda afectar el curso de uno u otro proceso”.
Fue una señal clara del juez federal ante la posible resolución que dicte la jueza porteña que pueda afectar su causa.
La jueza Martínez fue la que recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A inicios de diciembre del 2022, en vísperas de la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad, se ventilaron supuestos diálogos del entonces funcionario y jueces tras la difusión de un viaje que compartieron a Lago Escondido.
La causa por el espionaje contra los jueces, que investiga Martínez De Giorgi, tiene varios focos.
Uno es la denuncia que investiga la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y de otras personas.
La otra es el hackeo a dos camaristas de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. También, al entonces diputado Diego Santilli y al exministro de Seguridad porteño, entre otros.
Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven que reconoció que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo pasó una serie de encargos. El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, según declaró Nuñes Pinheiro en indagatoria.
También estuvo detenido y está procesado Zanchetta, expolicía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en la base SudamericaData, en donde solo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas –varios de ellos luego hackeados-.
Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía.
Tras el análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se imputó y allanó al exfuncionario de AFIP y miembro de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien hablaba con el espía y fue acusado de haberle encargado “objetivos” y operaciones.
También mantuvo diálogos con el diputado Rodolfo Tailhade. “Conu” Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó cinco días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.
Ahora, Martínez De Giorgi también decidió llamar a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, el joven que creó el sitio Dark PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.
En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que los datos que necesitaba para llevar adelante su hackeo los buscaba en la página de Dark PFA.
