BARCELONA.– Aunque el pasado martes el Congreso de los Diputados reabrió sus puertas después del receso estival, la sensación en España es que este año no hubo vacaciones de la actualidad política a causa de la crisis de Ceuta.
La entrada irregular de más de 80.000 personas en la ciudad española del Norte de África el pasado 30 de julio y sus múltiples derivados se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para el gobierno de Pedro Sánchez, que afronta un convulso inicio de un curso político decisivo, pues durante los próximos meses se celebrarán unas elecciones generales para las que todavía no existe fecha concreta.
La gestión de la crisis por parte del Ejecutivo, que esperó casi un mes para reunir el Consejo de Seguridad Nacional y crear un mando único, ha abierto múltiples avenidas para las aceradas críticas de la oposición de derecha. Pero la principal y más urgente preocupación de Sánchez es el creciente clima de tensión en Ceuta entre una parte de la población local y los migrantes.
Algunos testimonios han definido la ciudad, de 80.000 habitantes y apenas 20 kilómetros cuadrados de superficie, como “un polvorín” a punto de estallar.
Según las cifras oficiales, hay unos 2900 menores, la mayoría alojados en centros de acogida improvisados, a los que hay que añadir otras 6000 personas aproximadamente que duermen en playas y espacios al aire libre y reciben una asistencia limitada de la Cruz Roja y otras entidades humanitarias. En los últimos días se han organizado manifestaciones exigiendo la expulsión de los migrantes, y el jueves un grupo de ceutíes incluso asaltó un campamento y quemó varias de las tiendas.
El menú de opciones sobre la mesa de Sánchez es bien amargo. Por un lado, la ley impide una expulsión de todas las personas migrantes antes de resolver sus peticiones de asilo, y obliga a acoger a los menores no acompañados hasta su mayoría de edad. Además, su número es tan elevado y su voluntad de quedarse tan firme, que difícilmente se podrán expulsar de inmediato sin un uso contundente de la violencia.
Esta es la salida que sugieren el PP y sobre todo VOX. De hecho, varias comunidades gobernadas por estos partidos han declarado que se negarán a recibir incluso a los menores, una posición que choca con la del presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, que ha exigido solidaridad en el reparto de los niños migrantes.
La opción de permitir su entrada en la Península, y por lo tanto, en el espacio de libre movilidad europeo de Schengen, suscitaría un rechazo unánime en la mayoría de capitales europeas, que incluso podrían adoptar medidas contra España, como ya hizo Italia los días posteriores al inicio de la crisis. Así pues, de momento, los migrantes permanecen en Ceuta y el gobierno está buscando habilitar espacios temporales de acogida, lo que ha generado tensiones con Vivas.
“Cuanto antes tengamos a las personas en los espacios antes podrán también ser devueltos”, declaró Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y encargado de liderar el mando único.
Contradicciones
Además, la aparición de discrepancias en el seno del Ejecutivo no facilitó la gestión de la crisis. En sus comparecencias públicas de esta semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrecieron versiones aparentemente contradictorias sobre la información de la que disponían las autoridades españolas los días previos al asalto de la frontera. La depuración de responsabilidades es uno de los asuntos que ha centrado el debate público.
Robles aseguró en sede parlamentaria que el CNI, el servicio de inteligencia español, había advertido en dos ocasiones al Ministerio de Interior, al gobierno de Ceuta y a la delegación del gobierno en la ciudad de que circulaba en redes una convocatoria para forzar una entrada masiva en territorio español.
No obstante, Grande-Marlaska negó que su ministerio hubiera recibido ningún tipo de advertencia de que se preparara una llegada masiva de migrantes. Torres se ha posicionado al lado de Grande-Marlaska en un intento de zanjar la polémica.
En un margen de menos de una semana, un total de siete ministros está previsto que comparezcan ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta antes de que el próximo jueves lo haga el propio Pedro Sánchez.
Otro de los temas más controvertidos es la respuesta de Madrid ante una amplia percepción de que en el origen de la crisis se halla un desafío del gobierno marroquí, que en otras ocasiones ya ha usado la migración irregular como palanca de presión. Aunque existen varios testimonios que confirman la inacción de la policía marroquí a la hora de proteger la frontera, el gobierno español ha atribuido toda la culpa a “las mafias”, que habrían diseminado informaciones falsas para incitar el cruce masivo del confín.
El ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, insistió en esta versión el jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. “No hay ninguna evidencia de que Marruecos haya impulsado la entrada masiva de migrantes”, afirmó el ministro, que definió como “una falta de respeto” al país magrebí insinuar lo contrario sin pruebas.
La posición del PSOE no es muy diferente a la del PP, que ha evitado lanzar acusaciones públicas a Rabat, quizás por ser consciente de la necesidad de mantener una buena relación con el régimen vecino ante la posibilidad de llegar al poder en cuestión de meses.
En plena crisis, el gobierno ha iniciado el trámite de reforma de las leyes de asilo y extranjería para adaptarlas a la nueva legislación europea. Entre los principales cambios, la creación de un procedimiento acelerado de asilo, que se deberá resolver en un plazo máximo de tres meses.
Su aprobación podrá ser útil de cara a próximas crisis migratorias, pero llegará demasiado tarde para la actual, que amenaza de convertirse en un lastre muy pesado para un PSOE que afronta las próximas elecciones generales en su momento más bajo, acechado por los casos de corrupción y la falta de apoyo de sus socios parlamentarios. Así las cosas, no está claro hasta cuándo Sánchez podrá alargar la actual legislatura.
