Con críticas a los jueces Ernesto Kreplak y Luis Armella, que llevaron el caso hasta ahora, por no avanzar con las medidas de prueba propuestas por la fiscalía, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco apelaron el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene como principal investigado al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
De Armella y Kreplak dijeron en su apelación: “Los jueces instructores que intervinieron en esta causa y que asumieron su investigación hasta el momento, han llevado a cabo una pesquisa en la que prácticamente no han ordenado medidas de pruebas autónomas para corroborar o descartar el hecho, y las medidas solicitadas por esta Fiscalía -que mantuvieron el impulso de la misma y por lo cual no se verifica inactividad procesal- se han ejecutado de forma deficiente, con demoras y limitaciones temporales”.
Se quejaron de que no hubiera indagatorias. Y escribieron: “La falta de investigación de los hechos por el juez a cargo de la investigación, en la cual las medidas solicitadas por esta fiscalía se han ejecutado de forma deficiente, trajo como consecuencia que las circunstancias por las que se impulsó la investigación hasta hoy no hayan adoptado su forma definitiva, lo que impide que todavía se adopte un temperamento definitivo sin haber efectuado las comprobaciones necesarias”.
Mola y Velasco, que es fiscal especializado en lavado de dinero, sostuvieron que la decisión del juez federal Luis Armella de sobreseer a Clérici, dictada en su último día a cargo del expediente, a un día de que asumiera el nuevo magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte, es “prematura y arbitraria”, y que se adoptó “sin agotar medidas de prueba dirimentes”.
Para los fiscales, el juez admitió que las inconsistencias patrimoniales de Clerici eventualmente deban ser investigadas y, en el mismo acto, ordenó extraer testimonios sobre esas mismas inconsistencias para remitirlos a la justicia federal de San Isidro, por advertir que podrían configurar otros delitos.
Entonces dijeron que esta decisión es contradictoria con la de desvincularla de la causa. Clerici pidió ser sobreseída porque un peritaje determinó que no hay evidencia de que Insaurralde le haya dado los casi 600.000 dólares encontrados en su casa.
Armella tomó este argumento, pero los fiscales remarcaron que la ausencia de un registro formal de una entrega de fondos no equivale a la prueba de que ese traspaso no existió. Máxime cuando Insaurralde pagaba todo en efectivo.
Los fiscales dijeron que el peritaje no abordó la composición del patrimonio propio de Clerici, que califican de incompatible con sus ingresos declarados; la interposición de una sociedad sin actividad ni fondos propios para adquirir un inmueble de 510.000 dólares en Nordelta; y la compra de un Mustang en 50.000 dólares, sin acreditar el origen de los fondos.
Los fiscales, en su escrito, señalaron que de los registros de ingreso al barrio Fincas de San Vicente, incorporados a la causa, Clerici ingresó el 4 de agosto de 2023 a las 21.37 con su camioneta Jeep Compass, como invitada de Insaurralde, y se retiró el 6 de agosto a las 22.04.
Permaneció más de 48 horas en el lugar, un mes antes del viaje a Marbella que detonó el caso.
La casa de San Vicente es, además, el lugar donde un peritaje de la Policía Federal ubicó el vestidor en el que fueron filmados los videos con los fajos de dólares difundidos por LA NACION.
Para la fiscalía, es un indicio de que Clérici pudo recibir dinero en efectivo en esa casa.
En el escrito les reprochan a los jueces Kreplak y Armella, que siguieron el caso hasta ahora, porque “no ordenaron prácticamente medidas de prueba autónomas para corroborar o descartar el vínculo entre los bienes hallados en poder de Clerici e Insaurralde” y dijeron que “las medidas que sí pidió el Ministerio Público se ejecutaron de forma deficiente, con demoras y limitaciones temporales”.
Por ejemplo, está pendiente el análisis completo de llamadas entrantes y salientes con geolocalización y celdas; la ampliación de la información migratoria para verificar la versión de la imputada sobre sus viajes; y la tasación de su propiedad, impulsada por el propio magistrado y luego suspendida.
El teléfono secuestrado en el domicilio de Clerici no pudo abrirse aún por desperfectos de hardware y el de Insaurralde nunca fue secuestrado. La modelo tampoco prestó declaración indagatoria.
Los fiscales cuestionan que el juez haya tenido por acreditado que Insaurralde contaba con capacidad económica para pagar el viaje, cuando el mismo punto del peritaje que cita aclara que al 31 de diciembre de 2022 registraba un saldo negativo de $19.647.220,14, y que la situación se revierte al año siguiente por el aporte de Jesica Cirio: una entrega de 250.000 dólares instrumentada con firma certificada ante escribano. La fiscalía no le cree a esta declaración del origen de los fondos.
