El hombre señalado como cabecilla de una asociación ilícita, acusado de estafar al Estado mediante la tasación de terrenos a valores muy superiores a los reales en complicidad con abogados, jueces y otros funcionarios públicos, concluyó su alegato defendiendo su inocencia. Su abogado, Marcelo Fernández, cuestionó la imparcialidad del proceso y apuntó directamente contra el actuario Alejandro Marinelli y el abogado de la Fiscalía de Estado y querellante, Rubén Pontoriero.
Fernández argumentó que Marinelli debió haberse inhibido por su vínculo de amistad con Pontoriero, lo que, según la defensa, constituye una irregularidad de tal magnitud que debería invalidar todo el proceso. Como antecedente, el abogado mencionó que un secretario judicial ya se había excusado previamente por mantener una enemistad con otro de los acusados, Horacio Alday.
Además, el defensor señaló otras presuntas irregularidades, como la falta de notificación a las defensas sobre la designación de peritos y las declaraciones testimoniales, lo que habría permitido que Pontoriero asistiera en soledad a dichas instancias. «El Código Procesal establece que todas las partes deben ser citadas, bajo pena de nulidad», enfatizó Fernández, agregando que esto vulnera principios fundamentales como la imparcialidad y la igualdad de condiciones en el proceso.
En su exposición, Fernández negó la existencia de los delitos imputados, descartó que hubiera habido un ardid o engaño y rechazó la figura de la asociación ilícita. Para cerrar, citó al fiscal federal Diego Luciani y señaló: «Es corrupción o justicia; en ustedes está la decisión», en un mensaje directo al tribunal compuesto por Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo.
