Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, conocidas como los Cascos Azules, atraviesan uno de los momentos más complejos desde su creación hace más de siete décadas. El carácter de los conflictos contemporáneos, la duración prolongada de muchas misiones de paz, las implicancias financieras del mecanismo (5380 millones de dólares en 2026) y las tensiones en el Consejo de Seguridad (CSNU), órgano responsable de autorizar y renovar las operaciones de paz, plantean interrogantes sobre si el modelo tradicional de los Cascos Azules puede seguir siendo una herramienta multilateral eficaz al haber sido diseñada para una arquitectura geopolítica muy distinta a la actual.
Si bien es uno de los símbolos más reconocibles de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco de 1945 no incluye un artículo que las cree y regule de manera específica. Los Cascos Azules surgieron a partir de 1948 (Untso, para supervisar el alto el fuego en Medio Oriente) y durante la crisis de Suez en 1956 (UNEF I). A partir de entonces se consolidaron como un mecanismo práctico entre lo dispuesto en el Capítulo VI (artículos 33 a 38) sobre el arreglo pacífico de controversias y el Capítulo VII (artículos 39 a 51), que autoriza al CSNU a adoptar medidas en casos de quebrantamientos de la paz. Por eso los Cascos Azules suelen describirse como una medida del “Capítulo VI y medio”, una expresión atribuida al entonces secretario general Hag Hammarskjold.
Esta flexibilidad normativa explica mucho de su éxito histórico (se han llevado a cabo 71 misiones en las que han participado cientos de miles de efectivos bajo la bandera de la ONU), como también algunos de los debates actuales sobre la necesidad de adaptar su funcionamiento y sostenibilidad a los desafíos del siglo XXI. En particular, al actuar en conflictos internos complejos, grupos armados no estatales, enfrentamientos híbridos, terrorismo, amenazas transnacionales y crisis humanitarias persistentes. El secretario general de la ONU advirtió que el sistema necesita de una transformación profunda. A través de la agenda “Acción por el mantenimiento de la paz” (A4P y A4P+), señaló la urgencia de diseñar mandatos más realistas y garantizar un financiamiento más estable y previsible.
El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri) sugiere además que la ONU debería mejorar la cooperación con organizaciones regionales para compartir cargas financieras y operativas en contextos donde la ONU tiene capacidades limitadas. Y recomienda volver a operaciones de mantenimiento de la paz más modestas y ejecutables en virtud de que los Cascos Azules no logran siempre el nivel de compromiso político y financiero que las misiones requieren.
Estas circunstancias deberían perfilar una transición de los Cascos Azules hacia un sistema de operaciones de mantenimiento de la paz más selectivas y regionalizadas. No es solo “hacer mejor cascos azules” con la incorporación de tecnología de punta, sino decidir qué tipo de paz puede la ONU realmente mantener hoy. También implica redefinir las 11 operaciones actuales (que involucran a 70.000 efectivos militares y civiles), diferenciando entre las que pueden evolucionar hacia funciones de observación de la ONU y las que requieren refuerzos sustantivos o cierre si no existen condiciones políticas para una solución duradera.
Una de las mayores paradojas de los Cascos Azules es que no intervienen en los conflictos que definen la geopolítica contemporánea (las guerras en Ucrania, Irán, Gaza y otras crisis con dimensión estratégica), lo que muestra los límites diplomáticos y jurídicos del modelo. Por lo tanto, con un CSNU frecuentemente condicionado por intereses contrapuestos, la ONU corre el riesgo de ver debilitada una de las herramientas más sustantivas. La gran pregunta ya no es si el mundo necesita a los Cascos Azules, sino si el sistema de seguridad colectiva creado tras la Segunda Guerra Mundial puede recuperar la capacidad de actuar eficazmente ante las amenazas de seguridad internacional del siglo XXI.
