Los fondos Burford Capital y Eton Park, que demandaron al Estado argentino por la expropiación de YPF, presentaron hoy un escrito en conjunto ante la Justicia estadounidense para oponerse al pedido de suspensión del fallo que ordena al país transferir el 51% de las acciones de la petrolera.
La semana pasada, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de la Argentina y le ordenó entregar su participación en YPF en un plazo de 14 días, de los cuales ya pasaron ocho. El Estado argentino respondió al día siguiente con un escrito en el que anticipó que presentará la apelación en los próximos días.
Ante este escenario, la defensa de los demandantes acusó al Gobierno de seguir intentando postergar el cumplimiento del fallo. “La República logró demorar con éxito la sentencia durante más de ocho años y ahora ha aplazado su cumplimiento durante casi dos años más, sin que se haya concedido una suspensión. Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”, dijeron los abogados de los demandantes.
En su escrito, los fondos citaron como ejemplo los proyectos de ley presentados la semana pasada en el Congreso por dos diputados —Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal— y dos senadores —los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco— que buscan blindar el traspaso.
También mencionaron declaraciones del gobernador bonaerense y exviceinterventor de YPF, Axel Kicillof, quien en una conferencia de prensa afirmó que solo los “tontos” creerían en las promesas de la oferta pública de adquisición (OPA) que, según el fallo de Preska, el Estado debió lanzar cuando expropió la compañía. “Calificó las decisiones de la Corte como ‘disparates jurídicos’ y ‘absolutamente absurdas’, y dijo que ‘los vientos de privatización están soplando de nuevo’”, indicaron los demandantes.
Por estos motivos, Burford y Eton Park —el otro fondo demandante— pidieron a la Justicia estadounidense que no conceda la medida cautelar. Solicitan que se concrete el traspaso de acciones o, en su defecto, que cualquier suspensión quede condicionada al pago de una fianza, según el escrito firmado por Paul D. Clement, abogado de los demandantes.
“La defensa de los fondos presenta de forma errónea supuestas pruebas del daño que les causaría la suspensión. Por ejemplo, sostienen que un borrador de proyecto de resolución presentado por Pichetto y Agost Carreño, que menciona la vigencia de la prohibición legal de transferir las acciones expropiadas sin previa aprobación del Congreso, es en realidad un ‘proyecto de ley ingresado la semana pasada’”, opinó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro.
“Desde luego, mucho más daño le causaría a la Argentina que no se suspendan los efectos de la orden, mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York aún no resolvió el recurso presentado por el país. Esa sentencia condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones a Burford y podría ser revocada. Si Preska rechaza la suspensión, la defensa argentina pedirá a la Cámara que la conceda”, agregó.
Mientras tanto, se espera que la defensa argentina presente la apelación contra la orden de Preska. En paralelo, el Estado ya había apelado el fallo de primera instancia sobre la expropiación de YPF, que lo obliga a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses.
Las tres partes —la Argentina, YPF y los fondos— ya presentaron todos los escritos requeridos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Ahora aguardan la conformación del panel de tres jueces que resolverá la fecha de la audiencia en la que se tratará el caso, que podría celebrarse en los próximos meses.
Los fondos Burford y Eton Park también apelaron con el objetivo de que YPF sea incluida como responsable de la estatización, mientras que el Estado argentino pidió revisar la sentencia.
La semana pasada, el Gobierno presentó un escrito ante la jueza Preska en el que solicitó suspender la orden hasta que la Cámara revisora se expida sobre el fondo del asunto. Paralelamente, avanza en la preparación de esa apelación, que será presentada antes de mediados de mes.
El fondo Burford Capital le compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
