Los abogados de los fondos Burford Capital y Eton Park, que demandaron a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, solicitaron a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una prórroga del plazo que vence este viernes para pedir que un panel ampliado de jueces —conocido como plenario o en banc— revise el fallo que revocó la condena de US$16.100 millones. La Cámara deberá responder la solicitud a más tardar mañana.
La justificación presentada por la defensa de los fondos apunta a las agendas de sus propios letrados: el abogado principal, Paul Clement, tiene “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas” que le dificultarían preparar una solicitud adecuada dentro del plazo original.
A fines de marzo, la Cámara del Segundo Circuito revocó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que en 2023 había ordenado al Estado argentino pagar más de US$16.100 millones más intereses —equivalente al 45% del presupuesto nacional— por no haber respetado los derechos de los accionistas minoritarios de YPF durante la estatización de 2012. Además, el tribunal confirmó que YPF quedaba eximida de toda responsabilidad en el proceso.
El tribunal de apelaciones, con dos votos a favor de la Argentina y uno en disidencia, determinó que Preska había interpretado erróneamente el derecho argentino aplicable al caso. Según los jueces Denny Chin y Beth Robinson, los estatutos de una empresa no generan obligaciones bilaterales entre accionistas que habiliten una demanda de daños contractuales ante un tribunal estadounidense, y la ley de Expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. El juez José Cabranes votó en disidencia, respaldando la decisión original de Preska.
Con este fallo como antecedente, Burford —que adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen por €15,1 millones y que en caso de haber cobrado se habría quedado con el 70% de la indemnización— tiene dos caminos posibles: solicitar la revisión en banc, que es lo que está explorando con esta prórroga, o recurrir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. En ambos casos, los especialistas que siguen de cerca el expediente coinciden en que las chances de revertir lo resuelto son bajas.
La revisión en banc implica que todos los jueces de la Cámara del Segundo Circuito —y no solo el panel de tres que emitió el fallo— analicen el caso. Es un mecanismo excepcional, reservado para cuestiones de derecho que dividen profundamente al tribunal o que tienen consecuencias sistémicas para la jurisprudencia del circuito. La Corte Suprema, por su parte, recibe entre 7000 y 8000 peticiones por año y acepta revisar apenas un centenar de ellas, generalmente casos que involucran cuestiones de derecho federal con amplias implicancias para el sistema jurídico estadounidense. Un litigio centrado en la interpretación del derecho privado y público argentino difícilmente cumpla ese umbral.
La reacción del mercado tras conocerse el fallo habló por sí sola: las acciones de Burford se desplomaron un 40% en Wall Street y un 46% en Londres. El derrumbe bursátil refleja que los inversores no ven demasiadas chances de que el fondo logre revertir lo resuelto.
El fallo, sin embargo, no absorbió moralmente a la Argentina: el propio tribunal reconoció que el Estado violó los estatutos de YPF y que su negativa a cumplir las promesas hechas a inversores extranjeros durante la privatización de los años 90 daña la credibilidad del país como destino de inversión. Pero separó esa valoración de la cuestión jurídica central: el remedio legal elegido por los demandantes, una demanda de daños contractuales ante la Justicia de los Estados Unidos, sencillamente no existe bajo el derecho argentino aplicable al caso.
