El grupo Burford, el principal beneficiario del juicio contra el Estado argentino en el caso por la expropiación de YPF, presentó en la Justicia estadounidense un escrito en el que critica al gobierno de Donald Trump por haber dado su apoyo a la Argentina.
En efecto, lo que había hecho el gobierno de Estados Unidos la semana pasada fue una presentación que se conoce como amicus curiae (expresión que en latín significa “amigo del tribunal”) ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. En este mismo tribunal presentó su escrito el Burford.
El grupo beneficiario no ahorró calificativos en su presentación. En tal sentido, fuentes allegadas al caso, comentaron que “el escrito de los demandantes indica que el amicus curiae de la semana pasada no refleja el punto vista del gobierno norteamericano, sino de funcionarios de bajo rango que no influyen en la estrategia exterior de Estados Unidos, ya que en el pasado el gobierno en sí apoyó la posición de fondo del demandante”.
De hecho, se explica en el escrito de los demandantes, que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido anteriormente, en un escrito firmado por el Procurador General y el asesor jurídico del Departamento de Estado, que ese país tiene un fuerte interés en “garantizar que los Estados extranjeros que ingresan a los mercados estadounidenses como actores comerciales no gocen de inmunidad frente a demandas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones comerciales”.
En consecuencia, según las fuentes citadas, lo que enfatiza Burford es que el Gobierno estadounidense apoyó en su momento la postura de los demandantes de que la Argentina no tiene derecho a la inmunidad frente a sus reclamos ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Asimismo, los demandantes explicaron que “existen fuertes razones para creer que el gobierno de Estados Unidos sigue considerando que la Argentina no goza de inmunidad bajo la FSIA [Ley de inmunidades soberanas extranjeras, según sus siglas en inglés]”.
Eso no es todo. En otra parte de su escrito, Burford expresó: «El gobierno norteamericano presentó su escrito tras no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso, errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia».
Cuesta entender, expresaron los demandantes, “cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”.
Asimismo, mostraron su preocupación por el impacto que ya ha provocado el accionar del gobierno estadounidense. “De hecho, los efectos negativos de la nueva postura del gobierno ya comienzan a manifestarse, ya que tanto la prensa argentina como funcionarios públicos han interpretado el escrito del gobierno norteamericano como una señal de que la Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”, afirmaron.
El respaldo al Gobierno de la administración de Donald Trump, que llegó luego de que la jueza Loretta Preska ordenara a la Argentina entregar 51% de las acciones de la compañía, se sumó a otro que el Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre pasado, durante la gestión de Joe Biden.
En ese momento se presentó una declaración también ante Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en defensa de la posición local, que es contraria a ceder la participación en la petrolera.
