SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribirá este jueves ante la autoridad electoral su candidatura para buscar un nuevo mandato en las elecciones generales de febrero del próximo año, en medio de su ofensiva contra las pandillas en Haití.
Con una aprobación del 80%, el político de derecha tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su modelo de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida.
Bukele, de 45 años, se presentará en fórmula con el vicepresidente Félix Ulloa. En los comicios enfrentará a cuatro candidatos de oposición, entre ellos Maytee Iraheta, del derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Rafael Aguirre, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Iraheta, de 38 años, se presentó como una opción para quienes “no se sienten representados” por el gobierno y quieran “mostrar a través del voto ese descontento”.
La dirigente aseguró tener “altas expectativas” de ganar, pero reconoció que el panorama es “bastante complejo” por la concentración de poder del mandatario.
Bukele llegó al poder en 2019, rompiendo con 30 años de gobiernos de ARENA y el FMLN. Su reelección en 2024 fue posible tras un polémico fallo de la Corte Suprema de 2021 que habilitó la candidatura presidencial consecutiva, prohibida por la Constitución.
El joven publicista obtuvo una victoria contundente gracias a los altos niveles de aprobación asociados a su estrategia de seguridad, que redujo drásticamente la violencia de las pandillas, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más seguros de América.
A mediados de 2025, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial, amplió el mandato a seis años, suprimió la segunda vuelta y adelantó los comicios a febrero de 2027, para que coincidan con las elecciones legislativas y municipales.
Bukele llega a la contienda como amplio favorito, según diversos sondeos que otorgan una ventaja dominante a su partido, Nuevas Ideas, impulsado por los altos niveles de aprobación de su estrategia de seguridad. Mientras, los partidos opositores registrados aparecen con apoyos de un sólo dígito.
Bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 93.000 personas, de las cuales casi el 90% continúa sin juicio.
Organizaciones de derechos humanos denuncian capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal. Aliado del presidente Donald Trump, el gobernante vio empañada su imagen en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a su megacárcel para pandilleros. Al ser liberados, también denunciaron torturas y abusos.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la estrategia de seguridad de Bukele, que se ha popularizado en la región, por presuntas violaciones a derechos fundamentales y al debido proceso.
En contraste con la popularidad de la guerra antipandillas, sus notas más bajas están en el manejo de la economía dolarizada, especialmente el costo de vida, con una canasta básica que consume casi el 66% del salario mínimo (408 dólares).
Ofensiva en Haití
En un intento, según analistas, de exportar ese modelo fuera de sus fronteras y convertirlo en una herramienta tanto de política exterior como para aumentar su base de apoyo, El Salvador desplegó más de 2000 militares en Haití.
Aunque Bukele dice que la misión militares tiene como objetivo hallar a cuatro de sus soldados presuntamente secuestrados hace un mes por pandilleros, giró a una ofensiva más amplia que intenta reeditar en Haití su guerra contra las pandillas salvadoreñas, popular pero cuestionada por grupos de derechos humanos. La estrategia está marcada por la opacidad y una amplia difusión publicitaria.
Los salvadoreños se suman a otras fuerzas extranjeras a las que el gobierno haitiano confió la recuperación de la seguridad del país más empobrecido y violento de la región (68 homicidios por 100.000 habitantes en 2025), sumido en el caos político.
Además del ejército y la policía, están la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), avalada por la ONU y a la que pertenecen los aerotécnicos salvadoreños desaparecidos, y la Task Force, de la empresa Vectus Global del estadounidense Erik Prince.
La GSF se desmarcó del despliegue de Bukele; y, aunque Trump lo avaló, Washington pidió coordinación en las operaciones para evitar fuego amigo, mientras la ONU solicitó a todas las fuerzas proteger a los civiles.
Agencias Reuters y AP

