Esta semana, en la Comisión de Minería del Senado, se volvió a escuchar un relato cada vez más frecuente en el sector: entusiasmo por el potencial geológico de Argentina, llamados a la articulación público-privada, promesas de desarrollo federal y hasta referencias históricas para inspirar acción. El presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, Dr. Manuel Benítez, habló de un “nuevo paradigma” y destacó que el país ya está “en el proceso de las riquezas que tenía que dar”.
No faltaron menciones al cobre, la plata, el potasio y a la necesidad urgente de asociarse para escalar rápido y no perder la oportunidad. Incluso se apeló al recuerdo de San Martín y Sarmiento como próceres pro-mineros, como si la historia nacional pudiera convencernos de que el futuro ya está en marcha.
Pero entre tanta épica, faltó una mención clave: nadie invierte miles de millones de dólares en un país con alta volatilidad macroeconómica y riesgo país por encima de los 1.500 puntos. El discurso optimista es necesario, pero insuficiente. Se pueden juntar los mejores proveedores, firmar convenios, hacer jornadas y conferencias, pero sin un mínimo de estabilidad económica y seguridad jurídica, las inversiones reales seguirán esperando. Y los proyectos también.
Porque la minería, aunque se la presenta como la gran salvación económica, no es un deporte amateur. Es una industria global, sofisticada, con altos estándares ambientales, tecnológicos y financieros. Las compañías que están dispuestas a apostar por un país lo hacen evaluando costos, marcos regulatorios, plazos de repago, conflictividad social… y, por supuesto, riesgo país. No es casual que muchas decisiones de inversión sigan postergadas, a pesar de que Argentina aparece en todos los mapas de potencial geológico.
Mientras tanto, se insiste en la urgencia de aprobar un RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) como si fuera una varita mágica. Pero incluso el mejor régimen promocional necesita un piso de credibilidad macroeconómica. Sin estabilidad, sin una política fiscal coherente y sin señales claras de mediano y largo plazo, el RIGI es solo una cáscara legal que no alcanza para mover capitales reales.
Decir que “hay que empezar a trabajar y generar desarrollo regional” suena bien, pero es un poco irónico cuando llevamos décadas discutiendo lo mismo sin atacar las raíces del problema. La pregunta no es si tenemos recursos —eso está claro—, sino si somos capaces de crear condiciones mínimas para que esos recursos se conviertan en proyectos concretos y sostenibles.
La voluntad de asociarse entre proveedores, de capacitar gente, de sumar a las provincias, todo eso es fundamental. Pero primero lo primero: si no baja el riesgo país, si no se ordena la economía, si no se garantiza previsibilidad jurídica, no habrá escala, ni desarrollo, ni inversiones. Solo foros, paneles y discursos bienintencionados.
