BRASILIA.– Cuando faltan tres días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva pidió a la Policía Federal (PF) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que investiguen un posible financiamiento del gobierno de Donald Trump a redes y organizaciones opositoras que actúan en Brasil.
Según el gobierno, esos grupos buscarían “interferir en el debate político e institucional brasileño y deslegitimar al Supremo Tribunal Federal”.
Según las denuncias, a las que tuvo acceso LA NACION, de comprobarse el envío de esos fondos podría estar en marcha “una estructura de injerencia externa en asuntos internos del Estado brasileño”, financiada con capital extranjero para promover “ataques ordenados y sistemáticos a la soberanía nacional y al funcionamiento de las instituciones del sistema de Justicia”.
Se trata de dos denuncias que la Abogacía General de la Unión (AGU), conducida por el ministro Jorge Messias, envió al director general de la PF, Andrei Rodrigues, y al procurador general de la República, Paulo Gonet.
Horas antes, Messias se había pronunciado en X. “Las divergencias entre gobiernos son propias de las relaciones internacionales. Lo que no se puede admitir es que intereses políticos extranjeros pretendan interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en las decisiones que pertenecen exclusivamente al pueblo brasileño”, escribió.
Y agregó, en una alusión al bolsonarismo: “Es igualmente preocupante cuando proyectos políticos nacionales buscan respaldo en el exterior para confrontar instituciones de la propia República”.
La denuncia parte de una investigación publicada el miércoles por el diario británico The Guardian. Según los oficios, el Departamento de Estado habría asignado un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF) a un programa titulado “Countering Lawfare and Censorship in Brazil” (“Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil”).
El objetivo de esos fondos sería, según la AGU, “el financiamiento y el sostén financiero de entidades y grupos de la sociedad civil enfocados en desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño”, bajo el pretexto de combatir una supuesta “extralimitación judicial” y “censura” del STF.
El proyecto brasileño integra un paquete de 43 subsidios por 176,9 millones de dólares que, según The Guardian, el gobierno de Trump redirigió hacia causas conservadoras, entre ellas 40 millones para un fondo anticomunista.
Según el diario británico, el Departamento de Estado comprometió el dinero poco antes del plazo del 30 de septiembre, fecha de cierre del año fiscal estadounidense, pese a objeciones de legisladores demócratas. La senadora Jeanne Shaheen había bloqueado 22 millones de dólares en subsidios, entre ellos fondos para Brasil, y, según un asesor legislativo, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó personalmente un memorando que levantó esos bloqueos.
Consultado por LA NACION, el Departamento de Estado norteamericano no respondió sobre los fondos presuntamente destinados a financiar grupos en Brasil.
Soberanía, independencia y no intervención
“No se desconoce el valor de la protección de la libertad de expresión y del legítimo derecho a la crítica”, admite la AGU en los documentos. Pero agrega que “el orden constitucional brasileño se asienta en los fundamentos de la soberanía, de la independencia y de la no intervención”, cuestionando el propósito de los grupos presuntamente financiados. También citó la prohibición de que partidos políticos reciban financiamiento extranjero.
La información es “especialmente grave ante el proceso electoral brasileño en curso y los episodios recientes de presión externa sobre las instituciones brasileñas”, sostienen las denuncias, que mencionan “la aplicación de sanciones a autoridades nacionales” por parte de Estados Unidos. La referencia apunta a las sanciones que Washington impuso en julio de 2025, con base en la Ley Magnitsky, al juez del Supremo Alexandre de Moraes.
Moraes supervisó el juicio que terminó con la condena de Jair Bolsonaro a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Las sanciones fueron revocadas en diciembre. En su momento, las sanciones fueron celebradas por Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, y por el comentarista Paulo Figueiredo, que desde Estados Unidos habían hecho gestiones ante el gobierno de Trump para que se aplicaran castigos contra el juez.
Este jueves, Trump dijo que sigue el proceso electoral brasileño de cerca. “Brasil es un país muy importante, un gran país, la gente en Brasil es fantástica, es una elección muy importante”, afirmó, sin mencionar candidatos ni preferencias. El lunes, en un acto en la ciudad amazónica de Belem, Lula le había advertido que no debía “meterse” en las elecciones.
En julio de este año Washington intentó enviar a Brasil a dos funcionarios vinculados al Departamento de Estado con planes de cuestionar el proceso electoral, según Itamaraty. El intento se produjo poco después de que el candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, difundiera información falsa sobre las urnas electrónicas brasileñas en un encuentro con diplomáticos.
En una entrevista con la CNN en Estados Unidos la semana pasada, Lula volvió a llamar “emperador” a Trump y apuntó contra Rubio por presunta interferencia: “Estoy muy preocupado por Marco Rubio, porque está muy ligado a la gente del bolsonarismo, pero por ahora es solo una sospecha”.
Según informó la semana pasada CNN Brasil, el Palacio del Planalto identifica diversos frentes de interferencia estadounidense. Por caso, un presunto impulso pago desde el exterior de perfiles en redes sociales favorables a Flavio Bolsonaro, y un supuesto financiamiento de su campaña por parte del fondo Rockbridge Network, cofundado por el vicepresidente J.D. Vance. La campaña de Flavio niega haber recibido apoyo extranjero.
La denuncia de la AGU usa el condicional en todo momento y no menciona a ninguna organización. Se limita a pedir una “inmediata investigación” para identificar a los responsables y, “en especial, a los eventuales destinatarios de los recursos en territorio nacional, para la evaluación de una eventual responsabilidad penal”.
Un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), enviado a fines de agosto al Planalto y a la corte electoral brasileña, elevó el riesgo de influencia de Estados Unidos en las elecciones a un “nivel de criticidad”. Washington, en cambio, lo niega.
