CÓRDOBA.- Una nueva jornada de análisis para el impulso de otro marco regulatorio de biocombustibles se concretó en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Minería, Energía y Combustibles del Senado. Hay seis proyectos presentados, uno de la libertaria Patricia Bullrich. En esta oportunidad hubo once expositores por los distintos sectores interesados, entre los que existieron posiciones encontradas.
Mauricio Martín, director suplente de YPF SA y vicepresidente Ejecutivo Midstream & Downstream, planteó que hay que avanzar hacia un nuevo esquema que incluya a los refinadores como actores claves y que los cortes para las mezclas respondan a un sistema sostenible. Pidió tener en cuenta las características de los biocombustibles en función de la zona geográfica donde se producen y dijo que hay “quejas” por la calidad del producido en base a soja en algunas oportunidades. Consideró que un corte superior al 10% no es viable. “No es una limitación de voluntad, sino en la cadena logística y comercial que debe tenerse en cuenta”, agregó.
Sobre el impacto en el precio del combustible, precisó que con el actual corte de 7,5% representa 4,5% de lo que paga el consumidor. Con lo que llevarlo al 10% implicaría unos tres puntos más. Al hablar de bioetanol, en el que están habilitados para un corte del 15%, Martín afirmó que la empresa no ha tenido reclamos en aquellos puntos en donde lo comercializan, pero que aún así entienden que ese debe ser “el máximo” permitido, en coincidencia con lo que señala la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa). Planteó que avalan el proyecto presentado por Bullrich, que avanza hacia un modelo “de competencia, razonabilidad económica” y consideración de las nuevas tecnologías.
La iniciativa de Bullrich propone un régimen con una vigencia de 15 años y, respecto de las mezclas, establece una mínima inicial del 7,5% de biodiésel y, una vez que transcurra un año desde la sanción de la ley, ese porcentaje escalará de forma obligatoria al 10%. El articulado prevé excepciones específicas para el uso de gasoil en zonas frías de la Patagonia, la minería, las centrales eléctricas y las operaciones en la Antártida. En el caso de las naftas, la mezcla obligatoria de bioetanol comenzará en un 12%. Al igual que con el gasoil, este cupo subirá al 15% al cabo del primer año de vigencia de la norma.
A su turno, Claudio Molina, analista de energías renovables y ferrocarriles, destacó que “hay amplio consenso” sobre la necesidad de modificar el marco regulatorio actual. Consideró que es “inconstitucional” la disposición de la ley 27.640 por la que se prohíbe la participación en el abastecimiento de la mezcla obligatoria de gasoil y nafta con biodiésel y bioetanol, respectivamente, en el mercado local, por parte de los grandes traders de la molienda de oleaginosas y leguminosas. La nueva norma, puntualizó, debe rectificar ese punto.
Alertó que, desde el último cuatrimestre de 2019 hasta hoy se vienen postergando parcial o totalmente las alícuotas del impuesto a los combustibles, lo que le costó al Estado Nacional US$12.000 millones, según sus cálculos. De esa manera respondió a quienes critican el “costo fiscal” de impulsar los biocombustibles. También rechazó que en biocombustibles se pueda generar una falla como la existente en el mercado local de combustibles líquidos, donde cuatro empresas controlan 94% de la oferta.
Apuntó que, en el nuevo marco, debe fijarse un tope para los jugadores de biodiésel y definir claramente “el precio tope paridad de importación” (que consideró como una respuesta a un pedido de los refinadores de petróleo) para que no se abran las importaciones de manera indiscriminada. “Una política pública no puede llevar a la destrucción de empresas que generan empleo sostenible -agregó-. Es lógico que arreglemos el problema de los que no pueden participar hoy, pero no hay que pasar a un péndulo”.
También expusieron sus opiniones sobre lo que debería incluir el nuevo marco Juan Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones; Juan Khouri, CEO de Dosbio; Tomás Lorda, vicepresidente de Enresa (La Pampa); Ricardo Marra, titular de la Bolsa de Cereales; Federico Puciarello, CEO de Essential Energy; Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario; Hernán Landgrebe, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles; José Lego, gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos.
Posiciones de cámaras
Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables, remarcaron, en un comunicado, que hay “una profunda contradicción entre los principios de libre competencia, defensa del consumidor y neutralidad tecnológica invocados por el propio gobierno nacional y el tratamiento regulatorio efectivamente propuesto para el biodiésel”. Subrayaron que el proyecto de Bullrich establece “una protección explícita y permanente para determinados sectores del bioetanol, mientras expone a los productores independientes de biodiésel a una competencia desigual frente a empresas verticalmente integradas y frente a un mercado de demanda altamente concentrado en pocas compañías petroleras”.
Por su lado, el Centro Azucarero Argentino , la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, entre otras entidades, firmaron un comunicado en el que consideraron la iniciativa libertaria como “una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país”.
“Avanza en la dirección correcta al establecer un marco de mayor previsibilidad para los biocombustibles, promoviendo inversiones, fortaleciendo las economías regionales y permitiendo que la Argentina aproveche sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial”, señalaron.
