La reforma propuesta para la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece como mandato único de la autoridad monetaria preservar el valor del peso y velar por la estabilidad financiera. De este modo, se dejan de lado los objetivos múltiples introducidos en 2012. En aquel momento se agregó la creación de empleo mediante la política crediticia, el fomento a la producción nacional y la búsqueda de un desarrollo económico equitativo.
Los defensores de la normativa vigente argumentan que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, sino que responde a factores como la escasez de divisas o la puja distributiva. Resulta curiosa la insistencia en una teoría estructuralista que estuvo de moda en la región hace décadas, pero que los países exitosos en reducir la inflación a un dígito anual ya han abandonado por completo. Al respecto, una consulta a la Inteligencia Artificial ofrece una respuesta contundente: “Los bancos centrales de Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México y Paraguay consideran que la inflación es, fundamentalmente, un fenómeno monetario y de demanda. Alineados con el enfoque neoclásico o monetarista moderno, operan bajo un esquema de Metas de Inflación y utilizan la tasa de interés de referencia como su principal herramienta para regular la liquidez y guiar las expectativas del mercado”. Más aún, esta discusión teórica podría tener cierta relevancia en contextos de inflación baja; sin embargo, cuando los precios corren a dos dígitos anuales, las teorías estructuralistas hacen agua por los cuatro costados.
Además, los gobiernos disponen de otros instrumentos para alcanzar metas distributivas, impulsar la producción o resolver la llamada restricción externa. En las sociedades democráticas, es preferible que el financiamiento de estas políticas (como el gasto social o los subsidios a empresas) se debatan de manera transparente en el Congreso. De lo contrario, los costos quedan ocultos en la contabilidad de la autoridad monetaria, donde se camuflan las transferencias de riqueza desde los depositantes hacia los tomadores de crédito, o desde los exportadores hacia los beneficiarios de cupos de divisas. Asimismo, la “restricción externa” suele ser un daño autoinfligido, derivado de sostener una moneda artificialmente fuerte o de castigar a los exportadores tradicionales para subsidiar a otras actividades.
Las críticas al mandato único también ignoran la evidencia empírica internacional. Un estudio reciente de Garriga y Rodríguez, que analiza datos de 176 países entre 1985 y 2023, concluye que los mandatos duales elevan la inflación en un promedio de ocho puntos porcentuales, sin generar mejoras significativas en el empleo a largo plazo. En consecuencia, intentar equilibrar la creación de puestos de trabajo con la estabilidad de precios debilita el control inflacionario y politiza la política monetaria.
Los defensores argentinos del mandato dual también dan la espalda al debate en el mundo desarrollado. Por ejemplo, Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, expuso recientemente en Estados Unidos tres pilares analíticos que justifican la superioridad del mandato único en el escenario actual.
La propuesta del Gobierno argentino prohíbe el financiamiento directo al Tesoro y también dispone que las utilidades del BCRA se destinen a reducir deuda, una medida sumamente lógica en un contexto donde el costo del endeudamiento sigue siendo elevado.
Sin embargo, el desafío de fondo para cualquier reforma radica en la capacidad del marco legal para resistir los embates populistas. Exigir mayorías calificadas en ambas cámaras es una señal positiva, pero este blindaje podría ser revocado por una ley posterior que no requiera tales mayorías especiales. En última instancia, la inconsistencia temporal de gastar recursos hoy a costa de hipotecar el futuro no se soluciona únicamente con un texto legal; requiere perseverancia, éxito económico y una sociedad que valore la estabilidad.
En la historia reciente, un mismo gobierno logró confiscar reservas del BCRA y estatizar los fondos de los trabajadores en las AFJP (con aval judicial, dado que entonces el daño futuro no era demostrable). En contraste, ese mismo poder político tuvo que retroceder cuando intentó aumentar las retenciones al sector agropecuario. En este último caso, existía un sector afectado con alta capacidad de movilización y el perjuicio era inmediato y visible, a diferencia del impacto rezagado que sufrieron los aportantes previsionales o los ciudadanos debido al deterioro patrimonial del Banco Central.
En resumen, el mandato único es consistente con la teoría y la evidencia empírica. Las propuestas de mandato múltiple lucen como un intento de volver al pasado discrecional de hacer gastos escondidos sin control del Congreso.
