MADRID.- La negociación teledirigida por Washington arrancó este sábado tras una jornada marcada por la incertidumbre, en la que incluso se llegó a hablar de suspensión, un término que no aparece en el diccionario de la diplomacia estadounidense.
Eso sí, la máxima discreción marcó el comienzo de la “iniciativa” del experimento Venezuela, como la define el Departamento de Estado norteamericano, en la que una delegación chavista y otra opositora tienen el mandato de llegar a diciembre con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), capaz de trazar una ruta para reabrir las urnas a finales del año que viene.
En un comunicado hecho público este sábado, se dio a conocer la primera conversación telefónica entre los dos jefes de delegación, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, y la agenda de lo que será el primer encuentro, centrada en el doble terremoto, el “fortalecimiento de la democracia” y los derechos y garantías políticas. Tanto la Asamblea Nacional (AN) chavista como la AN2015, opositora, coincidieron en temas y tiempos.
“Hemos establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables”, certificó Rodríguez. La primera reunión cara a cara se llevará a cabo la semana que viene.
En las horas previas, Washington había dado sus últimos brochazos para que la comisión negociadora opositora se trasladara desde Madrid, donde permanece reunida para preparar las mesas técnicas de las cinco comisiones que se harán públicas en las próximas horas, hasta Caracas.
Los diputados elegidos por el lado oficialista son Jorge Arreaza (excanciller y familiar de Hugo Chávez), Ana María San Juan (ministra de Educación Universitaria), América Pérez y Pedro Infante (vicepresidentes de la AN chavista) y Génesis Garvett. En la delegación opositora, junto a Figuera, participan Ramón López, Miguel Matheus y Jorge Millán (dirigentes de Primero Justicia) y Sergio Vergara y Marco Aurelio Quiñones (Voluntad Popular).
Expectativa dentro y fuera del país
Las reuniones a distancia de las últimas horas sirvieron para atornillar el proceso teledirigido y no para suspenderlo, tal como confirmaron fuentes políticas a LA NACION. Mientras tanto, venezolanos de dentro y de fuera del país se mantenían a la expectativa, en espera del banderazo de salida inicial. “¡Pendiente!”, es la expresión favorita de los venezolanos para estos episodios.
La comisión opositora permanecerá en la capital venezolana un máximo de dos semanas para los primeros encuentros en un proceso que nace con la expectativa estadounidense de que produzca muchos resultados y poco ruido, en las antípodas políticas de lo venezolano, donde ya el ruido es enorme: tanto en el seno de la oposición por la exclusión de la Premio Nobel María Corina Machado como en grupúsculos de chavistas originarios, escandalizados por lo que acreditan es la pérdida de la soberanía nacional, mientras los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez se empeñan en crear una especie de nueva revolución denominada Venezuela Renace.
Los temas que las dos comisiones tuteladas abordarán conforman la columna vertebral que daría paso a la tercera etapa del plan estadounidense, transición y elecciones libres y democráticas. O como expresan en el interior de la comisión opositora: “Las condiciones para una transición democrática sólida y sostenible en beneficio de todos los venezolanos”.
Los cinco rectores del CNE no llegarán solos: los acompañarían una actualización del censo electoral (nueve millones de venezolanos huyeron del chavismo para conformar la mayor diáspora de este siglo), la auditoría del polémico sistema electrónico y un cronograma electoral.
La pieza del rompecabezas electoral se completaría con la composición de la nueva Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), trascendental para los comicios. Tanto para esta sala como para el resto, sobre todo la Constitucional, los hermanos Rodríguez tenían todo listo para imponer a sus jueces en sustitución de los que Cilia Flores, la mujer del dictador Nicolás Maduro, mantenía bajo su control absoluto.
La legalización y la devolución de sus tarjetas a partidos opositores condenados por este tribunal y el levantamiento de inhabilitaciones políticas, como la que sufre la propia Machado, son algunas de las tareas por concretar.
Otra de las comisiones se encargará de devolver al país la libertad de expresión, de reabrir las radios y diario y de cambiar los canales de televisión.
Los presos políticos, alrededor de 400 todavía pese a los siete meses de excarcelaciones y amnistías, son otra de las grandes tareas por acometer, y sin duda una de las grandes falencias del proceso puesto en marcha.
En definitiva, se trata de un mecanismo de trabajo tutelado por Estados Unidos para que no pase lo mismo que ha ocurrido en 27 años de revolución: que el chavismo incumpla todos los acuerdos alcanzados con mediación internacional, ya fuera del propio gobierno estadounidense, Noruega, Qatar, el Vaticano o los países vecinos.
De hecho, la misma fecha del 1 de agosto fue impuesta por Washington ante el evidente intento del chavismo 3.0 de aprovechar el doble terremoto de San Juan para ganar tiempo una vez más, una de sus grandes especialidades históricas.
Fue el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien decidió apretar el acelerador de un plan en el que ya tenía trabajando a uno de sus hombres, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Este diplomático fue el encargado de contactar con Figuera, presidenta de la extinta Asamblea Nacional 2015, de la cual queda una comisión delegada compuesta por 18 ex diputados opositores.
“No empieza una negociación convencional, esta vez es diferente. Estados Unidos gobierna Venezuela y tiene el poder y la determinación de hacer que el chavismo cumpla lo que firma”, sentencia el analista político Enderson Sequera.
