El Gobierno adjudicó los contratos del proceso licitatorio “Alma-GBA”, orientado a incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo es reducir el riesgo de cortes de luz en jornadas de alta demanda, especialmente durante el verano. La inversión prevista supera los US$540 millones y se estima que los proyectos estarán operativos en un plazo de entre 12 y 18 meses, es decir, para el verano de 2027.
Las baterías se utilizarán en los momentos de mayor consumo, cuando la red eléctrica esté más exigida. Podrán entregar energía hasta por cuatro horas antes de descargarse. No generan nueva electricidad: toman energía cuando la demanda es baja y la devuelven en los picos de consumo. Se trata, por lo tanto, de un complemento y no un sustituto de la generación tradicional.
En total, se adjudicaron 667 MW de capacidad de almacenamiento, por encima del objetivo inicial de 500 MW. Según la Secretaría de Energía, este resultado se logró gracias al alto interés del sector privado y la competitividad de las ofertas, que permitieron adicionar 150 MW a la potencia originalmente prevista.
El proceso contó con la participación de 15 empresas, que presentaron en conjunto 27 proyectos por 1347 MW. Entre ellas se encuentran Central Puerto, Genneia, MSU y Aluar.
Los contratos adjudicados se celebrarán con las distribuidoras Edenor y Edesur, que trasladarán a los usuarios finales los costos del servicio. Cammesa, la compañía controlada por el Estado, será garante de los pagos de última instancia.
“Alma-GBA constituye la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en la Argentina, basada en sistemas de baterías de última generación (BESS) que mejorarán la confiabilidad del sistema eléctrico, permitirán asegurar el suministro en los picos de demanda reduciendo los cortes, disminuirán los costos marginales y aportarán mayor flexibilidad al despacho de energía”, señaló la Secretaría de Energía.
Además, se informó que existen otros cinco proyectos calificados que no fueron adjudicados por precio, pero que podrían firmar contratos con Edenor y Edesur a un valor de US$12.591 por MWh-mes, inferior al que habían ofertado. Estos proyectos, que suman 222 MW, deberán manifestar su aceptación por escrito ante Cammesa en un plazo de cinco días hábiles.
La iniciativa forma parte del Plan de Contingencia lanzado en 2024 para recuperar la infraestructura del sistema eléctrico nacional y del proceso de normalización del mercado eléctrico, que devuelve a las distribuidoras su rol de contratación directa para mejorar la calidad del servicio.
Es una solución de corto plazo para paliar la situación en el verano, mientras que se llevan adelante las licitaciones para ampliar la red de transmisión eléctrica, una obra estimada en al menos US$1000 millones que reforzará el abastecimiento en el AMBA, donde se concentra el 40% del consumo nacional. El financiamiento estará a cargo de las empresas adjudicatarias, responsables de la construcción, operación y mantenimiento de las líneas. La inversión se recuperará mediante un canon a los usuarios beneficiarios, una vez que las obras entren en funcionamiento.
