En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, la jueza federal de Estados Unidos Jia Cobb autorizó a Titan Consortium a comenzar el proceso para buscar y embargar activos argentinos en ese país con el objetivo de cobrar una deuda que ya asciende a US$390 millones más intereses.
Según informó este domingo el consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior, Sebastián Maril, la magistrada consideró que la Argentina no realizó ningún intento de cumplir con la orden judicial en los últimos 21 meses. A partir del próximo lunes 28 de septiembre, Titan podrá presentar pedidos de embargo en Estados Unidos.
En diálogo con LA NACION, Maril indicó que “a partir del lunes 28 de septiembre, Titan puede presentar pedidos de embargo en EE. UU.”. El letrado agregó: “Por el momento, el caso aparece registrado en dos jurisdicciones: Nueva York y Washington. Esto no implica que los pedidos de embargo sean presentados en estos distritos”.
“Ellos tienen que decidir sobre qué activos van a intentar embargar. Los activos más indicados serían los aviones de Aerolíneas. La mayoría de las compañías aéreas no son dueñas directas de todas las aeronaves, sino que las alquilan. No sé cuántos tienen propias la línea de bandera”, prosiguió en su explicación el experto respecto de los alcances del fallo.
Maril advirtió: “Aquellos que sean propios de aerolíneas no deberían estar viajando a EEUU por si acaso. Igualmente, el Gobierno no va a permitirlo porque en el presupuesto incluyó presupuesto para pagar esto. El tema es cuándo se va a aprobar esa partida. Lo determinará la paciencia de los beneficiarios del fallo”.
El consultor hizo referencia así al artículo 49 del proyecto del presupuesto. Es en este punto donde el Ejecutivo nacional incluyó de forma oficial una partida global de 1100 millones de dólares destinada al pago de sentencias y laudos de tribunales extranjeros.
El caso
El reclamo tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008 —cuando ambas compañías estaban bajo control del grupo español Marsans— y pasó luego por distintos fondos hasta llegar a Titan Consortium, que adquirió el derecho a litigar contra la Argentina.
En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de US$320 millones, además de casi US$3.500.000 en honorarios legales, con intereses hasta la cancelación total. El tribunal arbitral rechazó en 2019 el pedido argentino de anulación del fallo y sumó más de US$1.000.000 en costos y gastos.
Como el Ciadi no cuenta con un mecanismo propio para ejecutar sus laudos, los acreedores deben recurrir a los tribunales de los países donde buscan hacer efectiva la condena. En Estados Unidos, Titan inició en 2021 una demanda ante la Justicia del Distrito de Columbia para forzar el cobro. La Argentina planteó que el reclamo estaba prescrito, pero los tribunales estadounidenses rechazaron ese argumento.
En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Columbia rechazó una nueva apelación de la Argentina y confirmó el criterio según el cual el plazo de prescripción aplicable es de 12 años, no de tres. De esta manera, quedó firme el reconocimiento del laudo del Ciadi y del monto adeudado, actualizado por los intereses.
Ahora, con la autorización de la jueza Cobb, Titan podrá avanzar un paso más y buscar activos soberanos argentinos en distintos estados de Estados Unidos para intentar cobrar la indemnización.
El monto original de poco más de US$320 millones llegó a US$390,9 millones por los intereses acumulados, según el cálculo consignado por LA NACION en julio.
Informe de Martín Baron Santella
