Nadie niega que el Estado necesita cobrar impuestos para subsistir. Pero lo que se ha montado en la Argentina en materia de retenciones, percepciones y recaudaciones anticipadas ya no es un sistema de administración tributaria: es un mecanismo institucionalizado de apropiación indebida.
El director de ARBA, Cristian Girard, blanqueó el problema y lanzó un paquete que, dos semanas después, ya tiene forma operativa: devolución exprés de saldos a favor hasta $3,5 millones (acreditación en 72 horas), suspensión de embargos hasta fin de año y el programa “Saldo a Favor Cero” para ajustar alícuotas y que retenciones y percepciones no superen el impuesto real. El sesgo es evidente: alivio para montos muy menores y, al mismo tiempo, reconocimiento implícito de que la Provincia venía reteniendo por encima de lo debido; nada dice del stock de saldos grandes ni de intereses/actualización por el tiempo transcurrido.
El problema no es solo bonaerense: este esquema se repite en varias jurisdicciones, algunas incluso más salvajes. Se obliga a bancos, billeteras virtuales, emisoras de tarjetas, grandes plataformas digitales y otros actores diversos a actuar como agentes de retención y percepción, detrayendo fondos de cualquier operación, muchas veces sin vinculación real con el impuesto. Se confiscan, sin orden judicial, montos de préstamos, de reintegros de obras sociales, de movimientos contables neutros, de lo que sea.
En el pasado reciente hubo situaciones todavía más escandalosas: operaciones exentas de Ingresos Brutos —como la venta de campos u otros inmuebles por personas humanas— quedaban alcanzadas por detracciones automáticas, y al contribuyente se le retenían directamente los dólares depositados. Meses o años después, la devolución se hacía en pesos al tipo de cambio oficial (en épocas en que la brecha era escandalosa). Un despojo en regla. Hoy esas prácticas tienden a haberse corregido, pero dejan en claro hasta qué punto el sistema fue pensado para financiarse a costa del patrimonio ajeno.
Todo esto ocurre en un país que supo tener más de 200% de inflación anual, donde retener indebidamente y devolver tarde —y en pesos devaluados— equivale lisa y llanamente a un despojo premeditado. Porque esas devoluciones nunca se actualizan ni pagan intereses.
Se trata de prácticas que —en esta gigantesca escala— no existen en ningún país del mundo. La existencia misma de saldos a favor crónicos durante muchos años demuestra la premeditación del sistema: recaudan mucho más de lo que corresponde, financiándose gratuitamente con el capital de los contribuyentes y —lo que es grotesco—, licuándolo.
El Consenso Fiscal de 2017 intentó —de manera demasiado tímida— poner algún límite a estas aberraciones, pero pronto fue desmantelado durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, los fiscos provinciales se mueven sin control.
No se trata sólo de un problema administrativo. Cuando los fiscos provinciales se apropian de montos que saben que no corresponden, estamos ante verdaderas exacciones ilegales. Y cuando, además, retardan deliberadamente la devolución —o la efectúan sin reconocer el valor real del dinero— puede abrirse también la puerta a abuso de autoridad/incumplimiento de deberes de funcionario público. Y no hay maquillaje que lo disimule: es un mecanismo sistemático de apropiación indebida, que erosiona la actividad económica y mina la confianza en las instituciones.
Las provincias deben decidir ya qué gastos recortar o qué fuentes genuinas de financiamiento buscar, porque no pueden seguir sosteniendo sus cuentas sobre la base de lo ajeno. El camino de las retenciones y percepciones abusivas no es recaudación: es un saqueo organizado bajo ropaje legal.
El autor es abogado. Profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral. Socio en Expansión Business
