En el actual entramado de poder, Andrés Vázquez ocupa una posición central como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sucedió a la AFIP. En ese marco, una investigación judicial reciente lo ha colocado bajo fuerte escrutinio.
La Justicia analiza la posible omisión de declarar activos en el exterior por un monto superior a los 2,1 millones de dólares. La reconstrucción de su patrimonio no surgió de sus declaraciones juradas, sino de filtraciones internacionales vinculadas a sociedades offshore radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. De acuerdo con la investigación, se habría configurado un entramado societario destinado a dificultar la identificación directa de su titularidad.
En ese esquema aparecen dos sociedades panameñas —Alcorta Corp y Pompeya Group— que habrían adquirido inmuebles entre 2013 y 2015. Posteriormente, dichas firmas habrían sido absorbidas por una estructura registrada en las Islas Vírgenes Británicas, en la cual Vázquez figura como beneficiario final. En documentación interna del estudio Trident Trust, el funcionario fue categorizado como Persona Políticamente Expuesta (PEP), condición que implica estándares reforzados de control.
Los bienes identificados comprenden tres propiedades de alto valor en el estado de Florida, Estados Unidos: dos unidades en el complejo Icon Brickell, adquiridas en 2013 por 710.000 y 400.000 dólares respectivamente, y una propiedad en Chateau Beach, en Sunny Isles, comprada en 2015 por 980.000 dólares.
Uno de los ejes centrales de la investigación radica en la inconsistencia entre las inversiones detectadas y los bienes declarados en el país. Según el fiscal Sergio Rodríguez, mientras se concretaban adquisiciones por más de un millón de dólares en el exterior, Vázquez informaba ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio significativamente inferior, con ahorros declarados por apenas 40.000 dólares. A ello se suma el pago de más de 136.000 dólares en impuestos municipales en Estados Unidos, sin correlato en sus ingresos declarados en Argentina.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó la citación a indagatoria. Las conductas bajo análisis incluyen presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas, así como posibles maniobras vinculadas al lavado de activos y evasión tributaria.
En el marco de la causa, el juzgado interviniente dispuso medidas de prueba orientadas a profundizar la trazabilidad de los fondos, entre ellas requerimientos de información migratoria y el levantamiento del secreto bancario en entidades financieras internacionales. El avance del expediente podría derivar en consecuencias penales y administrativas, incluyendo la eventual inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
