MADRID.– El “decreto Maricarmen” se convirtió en un laberinto sin salida para el gobierno español. Después de escenificar este martes una victoria en La Moncloa tras haber acordado dos decretos en el consejo de ministros con los partidos oficialistas, Pedro Sánchez recibió ataques de aliados y opositores a medida que se conoce el detalle de las iniciativas que tratará este viernes el Congreso.
El gobierno socialista había decidido dividir las medidas en dos decretos. El primero contiene las propuestas que más consenso generaron dentro de la alianza de gobierno y el segundo está integrado por las iniciativas más polémicas, todas impulsadas por Sumar, el principal aliado del Partido Socialista (PSOE). Este último decreto terminó de tensar la relación entre progresistas y conservadores, que volverán a hacer público su descontento en el parlamento.
¿Qué dice el segundo decreto? El texto indica que el propietario de un departamento deberá pagar una indemnización equivalente a 12 meses de la renta al inquilino en caso de que no quisiera renovar el contrato, entre otras medidas. El primer decreto incluye, además, la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido y el congelamiento del precio, un combo que es criticado por expertos porque podría contraer el mercado inmobiliario.
Desde el PSOE admitieron que aún no está cerrado el apoyo parlamentario para ninguno de los decretos. “Mirad el marcador durante la votación”, advierten desde Junts, la fuerza conservadora catalana, que también integra el oficialismo. El Partido Nacional Vasco, otro aliado del gobierno, pidió este miércoles “menos palo y más zanahoria” para ordenar el mercado inmobiliario. “Hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo”, indicó Maribel Vaquero, la vocera de los nacionalistas vascos en el Congreso.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), aprovechó las dudas planteadas por vasco y catalanes para pedirles públicamente que no apoyen el decreto que ya fue avalado por el consejo de ministros. “Si quieren formar parte de esta trampa, ellos sabrán por qué. “¿Los jóvenes en Euskadi van a tener opciones de comprar un piso? ¿La gente con bajas rentas en Cataluña va a encontrar a un casero que les haga un contrato? Si estos decretos entran en vigor, ¿qué responsabilidad jurídica y efectos jurídicos pueden producir?”, cuestionó el líder opositor.
“Migajas” y cacerolazo
La crisis política por el acceso a la vivienda comenzó el sábado, cuando el Sindicato de Inquilinos decidió acampar en Sol, el centro de Madrid, como protesta por el desalojo de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que tuvo que dejar su casa cuando ya no pudo pagar el aumento del alquiler impuesto por un fondo de inversión. El colectivo permanece en un acampe multitudinario frente a la sede de gobierno de la Comunidad de Madrid y probablemente las carpas permanecerán allí hasta el viernes, cuando los decretos sean tratados por el Congreso.
El gobierno socialista espera que, más allá de las diferencias, el parlamento pueda aprobar la intervención estatal en el mercado inmobiliario en un momento de preocupación social por este asunto. Confían en que el desalojo de Maricarmen y las manifestaciones hayan cambiado el tablero político y que, por eso, nadie quiera ser señalado como el culpable de que la política le vuelva a dar la espalda a un reclamo popular por mejor acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.
Pero los decretos enviados por La Moncloa también fueron cuestionados por el Sindicato de Inquilinos, que consideró que la estrategia del gobierno de dividir las propuestas en dos decretos es una estrategia de “trocear” para dejar “migajas”. “Nos parece vergonzoso que se haya troceado. Permite que la sociedad vuelva a desconfiar de este gobierno progresista”, dijo una de las voceras del sindicato desde Sol.
El Sindicato de Inquilinos anunció esta tarde que convocará para este jueves un cacerolazo en el centro de Madrid como reclamo para la aprobación de los dos decretos. Desde la organización están especialmente interesados en que se promulgue la renovación automática de los contratos de alquiler. Además, convocaron a una manifestación para este sábado en las principales ciudades de España. “Solo la movilización de miles y miles de personas pueden empujar hacia una huelga general por la vivienda”, advirtieron en un comunicado.
Desde la izquierda llegaron más críticas a las medidas del gobierno. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, cuestionó que la normativa no contiene “ni una sola medida estructural” y remarcó que, por eso, presionarán al gobierno socialista para introducir modificaciones en el Congreso. “El decreto tal cual está no hay por donde cogerlo”, dijo la vocera de Podemos y repitió las exigencias del partido: expropiar viviendas de fondos de inversión y prohibir el uso turístico de las propiedades, entre otras.
Mientras tanto, expertos en el mercado inmobiliario advierten que este tipo de medidas podría causar un efecto búmeran y terminar por complicar un mercado que todavía no sale de su asombro por las medidas que podrían aplicarse.
