La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires unificó hoy en tres años de prisión en suspenso las condenas del hacker Elías Ezequiel Núñes Pinheiro por los ataques informáticos que lanzó contra al entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al entonces diputado nacional Diego Santilli.
La pena unificada, que dispuso la jueza en lo Penal María Araceli Martínez, absorbió la condena previa que ya tenía Núñes Pinheiro de dos años y seis meses dictada en 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2 y la integra en una sanción única que incluye ambos episodios.
Pero llegó en el peor momento: seis horas antes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había citado al hacker confeso a ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal contra jueces, camaristas y funcionarios, lo que implicaría un agravamiento significativo de la imputación.
El cruce entre ambos expedientes no fue casual. Para avanzar con el juicio abreviado, el Juzgado porteño envió el viernes un correo electrónico al fuero federal solicitando que certificara el estado de su causa, con vistas a sellar el acuerdo. Esa consulta encendió la alarma en Comodoro Py: Martínez de Giorgi respondió con nuevas citaciones a indagatoria y un recordatorio explícito a su par porteña de que la causa mayor seguía en trámite y que cualquier decisión que pudiera afectar ese proceso debía ser considerada con cuidado.
Aún así, la jueza Martínez formalizó esta mañana el acuerdo que habían negociado la fiscalía y los letrados de Núñes Pinheiro, Marcos Kapko y Sebastián Noguera. A cambio, el hacker misionero reconoció los hechos y aceptó la pena unificada de tres años en suspenso, con ciertas reglas de conducta como realizar 150 horas de tareas comunitarias no remuneradas.
Los ataques a D’Alessandro y Santilli se ejecutaron mediante la técnica conocida como sim swapping: una maniobra que permite tomar control de una línea telefónica mediante la emisión fraudulenta de una nueva tarjeta SIM. Para lograrlo, Núñes Pinheiro obtuvo previamente datos sensibles de sus víctimas —incluido el número de trámite del DNI— mediante consultas ilegales al RENAPER y a Nosis, y también recurrió a Dark PFA, un sitio de la deep web desde el que podía obtener líneas telefónicas y datos personales de cualquier objetivo.
Con esos datos, Núnes Pinheiro accedió al contenido completo del teléfono de Santilli —correos, contactos y aplicaciones— el 14 de octubre de 2022, mientras que cinco días después repitió la operatoria con el de D’Alessandro, accediendo a sus cuentas de WhatsApp y Telegram. La investigación también acreditó que Núñes Pinheiro destruyó el teléfono utilizado para ejecutar las maniobras, lo que derivó en una imputación adicional por destrucción de medios de prueba.
Ambos hackeos, sin embargo, serían parte de una maniobra más amplia de inteligencia ilegal, según procura determina la Justicia federal. Allí se investiga ataques similares contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
En ese expediente, además de Núñes Pinheiro, están bajo investigación un expolicía y agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Ariel Zanchetta, y Tomás Patricio Hválica, señalado como creador de Dark PFA, el sitio que Núñes Pinheiro utilizaba para obtener los datos que necesitaba antes de cada ataque. El juez fijó sus indagatorias para el 17, 19 y 24 de junio respectivamente, por videoconferencia.
Así, mientras en la Justicia porteña el caso parece cerrado con una pena en suspenso, el frente más delicado para el hacker misionero sigue abierto en Comodoro Py, donde la investigación apunta a determinar si los ataques formaron parte de una estructura organizada de inteligencia ilegal.
