Algodonera Avellaneda quedó al borde de la quiebra luego de que venciera sin interesados el plazo que había abierto la Justicia para su salvataje. La textil de integrantes de la familia Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores y tiene unos 360 empleados, no recibió ninguna propuesta, oferta ni solicitud de inscripción de terceros interesados en adquirir las acciones de la compañía, según dejó asentado el juzgado que lleva adelante el proceso.
El plazo había sido abierto por Fabián Lorenzini, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, como parte del procedimiento de salvataje de la empresa. La inscripción comenzó a las 7.30 del 29 de septiembre y venció a las 12.30 del lunes pasado. El objetivo era que acreedores, una cooperativa de trabajadores o terceros pudieran inscribirse para ofertar por la adquisición de las cuotas de capital de la compañía y buscar las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo.
Una vez terminado ese período, la Secretaría del juzgado realizó una revisión del Sistema Informático SISFE para determinar si había presentaciones pendientes. “Verifiqué que no se registra ingreso de propuesta, oferta o solicitud de inscripción por parte de terceros o interesados vinculados a la adquisición de las acciones de la sociedad concursada o escrito alguno para las presentes actuaciones”, dejó asentado la secretaria Janina Yoris en una constancia fechada el 5 de octubre.
Así, el plazo terminó sin que se presentara ningún interesado para participar del salvataje de Algodonera Avellaneda. Esta instancia había sido abierta por Lorenzini después de que la empresa no consiguiera el apoyo necesario de sus acreedores para llegar a un acuerdo y cerrar el concurso preventivo.
Ahora, la empresa quedó a la espera de una definición judicial. Si bien la quiebra todavía no fue declarada formalmente, una fuente al tanto del expediente señaló a LA NACION que ese desenlace sería inexorable y que la decisión podría conocerse en los próximos días. Todavía quedan algunas cuestiones procesales por resolver antes de que el juez avance con una definición.
La situación de la firma está atravesada principalmente por su deuda con el Banco Nación (BNA), que representa más del 80% del pasivo quirografario computable. Según consta en el expediente, el crédito verificado y admisible de la entidad financiera asciende a $1585,7 millones y US$260,79 millones.
Antes de que se abriera el salvataje, Algodonera Avellaneda había intentado que el BNA fuera excluido del cómputo de las mayorías necesarias para alcanzar el acuerdo. La compañía lo había considerado un “acreedor hostil” por no prestar su conformidad. El banco, en tanto, había sostenido que con la propuesta realizada por la empresa no recuperaba el 100% de los desembolsos efectuados.
Lorenzini rechazó el pedido de la algodonera y señaló que, aunque el BNA tiene un peso predominante en las mayorías, había actuado en defensa de sus propios intereses. Tras constatar que la empresa no había alcanzado las mayorías exigidas, el magistrado abrió el procedimiento de salvataje, conocido como cramdown.
Al disponer esa instancia, el juez había establecido que los interesados debían reunir una serie de condiciones. Entre ellas se encontraban acreditar trayectoria en el rubro textil, contar con canales de comercialización abiertos y activos y demostrar su conducta tributaria de los últimos cinco años. La propia Algodonera Avellaneda también quedó habilitada para participar del proceso sin necesidad de inscribirse previamente, con la condición de expresar su voluntad en el expediente.
En medio de este proceso, la empresa continúa con una actividad reducida. Según había señalado Lorenzini al abrir el salvataje, la planta industrial operaba al 60% de su capacidad por inconvenientes en la maquinaria de hilandería y se mantenía en funcionamiento mediante contratos de fasón. Los ingresos obtenidos por esa vía se destinaban al pago de salarios y no generaban márgenes para cancelar el pasivo verificado.
El juez también indicó que la compañía presenta “un patrimonio neto negativo” y un pasivo que supera de manera significativa el valor de sus activos. La empresa tiene alrededor de 360 trabajadores y su planta industrial e hilandería se encuentra en Reconquista, Santa Fe.
